Señor Director:
El 26 de agosto se cumplirán dos hitos decisivos en el itinerario electoral conducente al plebiscito del 25 de octubre. Por una parte, el Servel deberá determinar los locales de votación para cada circunscripción electoral y, por otra, se iniciará la propaganda electoral destinada a difundir los alcances de las opciones “Apruebo” y “Rechazo” una nueva Constitución, respectivamente.
En este contexto, no deja de llamar la atención que el debate público de los últimos meses haya estado centrado en los eventuales riesgos de realizar el plebiscito en esa fecha, más allá de la crisis sanitaria que se vive y apuntando a una alta abstención electoral. Pero poco o nada se ha dicho de lo que realmente está en juego tras la idea de substituir la actual Carta Fundamental por otra generada en una convención constituyente seguida de un plebiscito ratificatorio. Quienes han profundizado más en la necesidad de una nueva Constitución esgrimen la ilegitimidad de origen de la que está vigente, su identificación con el modelo neoliberal y la necesidad de honrar el acuerdo suscrito por los representantes de los partidos políticos presentes en el Congreso, de noviembre pasado.
No obstante, la pregunta obligada que hay que hacerse hoy es si la ciudadanía entiende qué es una Constitución o, si por sobre el problema de su origen, identifica en ella el pacto social fundamental para regir la convivencia del presente, pero también la de las futuras generaciones. La respuesta a esta pregunta parece esencial, pues de la comprensión que tengamos de ese instrumento dependerá qué incluimos o no en ella. Este es, sin duda, un debate pendiente que ha sido postergado por la inmediatez de las circunstancias que han rodeado la pandemia.
Es de esperar que a partir del 26 de agosto estemos en la antesala de un debate de contenidos que permita, desde ya, ir midiendo los consensos que tenemos sobre nuestra identidad colectiva y que serán materia obligada de regulación constitucional. Las diferencias del presente no pueden ser un obstáculo para ese necesario ejercicio democrático.
Marisol Peña Torres Profesora de Derecho Constitucional UC
