“Debemos recuperar la presencialidad, por supuesto, pero las plataformas de enseñanza no presencial son herramientas que llegaron para quedarse”, sostiene el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, quien anticipa un 2021 marcado por los entornos híbridos para la casa de estudios, al menos durante el primer semestre. Es decir, mantener el grueso de las actividades a distancia, pero apostando por el incremento de las funciones in situ según la fase en la que se encuentren las distintas ciudades.
“Vemos un panorama complejo por lo que sucede en Biobío y Ñuble, donde todavía no culmina la primera ola. Nosotros aún no hemos terminado el primer máximo, por eso en forma muy responsable se ha planteado al Consejo Académico mantener el primer semestre del próximo año esta modalidad”, puntualiza la autoridad académica, que pese a la situación crítica que atraviesa la universidad, el país y el mundo entero, visualiza en las implicancias de la emergencia sanitaria una “oportunidad invaluable” para la educación superior.
– ¿Se puede hacer un balance de lo que deja 2020?
– Pienso que este año deja aprendizajes profundos, no solo en atención a las necesidades de migración forzada que vivimos, sino que también en lo que significa la visualización de un conjunto de experiencias que muestran que el proceso de formación, en términos no presenciales, va a ir más allá de esta pandemia. Una iniciativa que da cuenta de lo que se nos viene es la plataforma Covid-19 de Telemedicina: observamos la evolución de este proyecto hacia campos clínicos virtuales en la UdeC, junto con avanzar en un centro de simulación clínica. Los acuerdos con empresas, adquisición de software, capacitación del personal, son muchas las acciones que nos permitieron dar respuesta oportuna y que sin duda van a significar una transformación definitiva.
– Precisamente, las iniciativas UdeC en el contexto de la pandemia trajeron consigo el desarrollo de capacidades que hoy quedan instaladas.
– ¿Y cómo interpretamos estas iniciativas? Desde el punto de vista personal, quienes las lideraron, cada una de las personas que estuvieron ahí son emprendedores, que si hubiesen estado afuera de la institución quizás hubieran instalado nuevos negocios. Pero dado el rol público de la universidad, cada una de esas personas dinamizadoras del cambio se comprometieron con productos de servicio público.
– ¿En qué pie se encuentra la negociación colectiva?
– En etapa final. La decisión institucional ha sido la de negociar. Entendemos que la relación con los sindicatos al interior de la institución debe ser la mejor, una relación de responsabilidad, solidaridad y compromiso institucional. Sabemos de resultados de procesos de adecuación de plantas académicas en universidades privadas fuera de Cruch donde, en algunos casos, han llegado a cien o más las reducciones de personal académico y otros cargos. Nosotros hemos hecho el esfuerzo máximo por mantener todo el personal universitario durante este periodo, sabiendo que tenemos personas que no pueden asistir a sus actividades debido a comorbilidades, que los ponen en riesgo, y deben ser reemplazadas. Los gastos extra no contemplados han sido múltiples y han requerido de un esfuerzo adicional de la universidad. Sabemos que otras universidades de características jurídicas similares no necesariamente se han abierto a negociaciones colectivas, sin embargo, nosotros tenemos confianza en la responsabilidad de los dirigentes sindicales y su representatividad.
– En términos presupuestarios le tocó jugar un rol importante durante la negociación con el gobierno, desde la Comisión Económica del Cruch. ¿Cuál es el estado de las finanzas universitarias?
– En su primera presentación, el presupuesto para educación superior resultó ser decepcionante, porque entendiendo todos los esfuerzos que hicieron las universidades, los gastos extra, la disminución de ingresos, la adaptación global y el cuidado del personal, no se presentó ningún apoyo específico, por tanto, nos hemos debido ordenar de acuerdo con nuestras características. Para nosotros, significa una reducción del presupuesto de operación de un 30%, y en términos globales, los datos a junio demostraban una caída en los ingresos del orden de 204 mil millones para todas las instituciones. En nuestro caso, con el apoyo comprometido de los equipos, logramos generar adaptaciones presupuestarias y pudimos este año abordar de buena forma la emergencia. En el proceso de aprobación del presupuesto, junto a integrantes del legislativo, se logró revertir en parte importante la reducción presupuestaria. Adicionalmente, en el presupuesto, se logró finalmente que los únicos recursos que son patrimonio de las universidades del Cruch, que estaban disponibles, pudiesen ser usados en los gastos extra, que por una parte están asociados al artículo 108 de la nueva Ley de Educación Superior, que impide el cobro del 50% a los estudiantes que exceden el tiempo nominal de sus carreras durante el primer año de extensión.
– ¿Y el caso específico de la UdeC?
– Adicionalmente, las universidades que tienen excedentes de años anteriores que sobrepasan este déficit, pueden usar una fracción, hasta un 25%, para financiar gastos extra en 2020 y 2021. Los gastos extra por pandemia en nuestra universidad, incorporando plataformas, el apoyo de conectividad y equipamiento, nuevas personas trabajando, entre otros, superan los 3 mil millones de pesos. Esto nos va a permitir recuperar y orientar una parte de ellos a los nuevos desafíos, por ejemplo, al centro de simulación clínica.
– Queda pendiente la revisión arancelaria.
– Nuestra universidad vivió un proceso de congelamiento de aranceles por un período extenso de tiempo a partir de movilizaciones estudiantiles en 2008-2009 y el 2012 que ha tenido efectos tremendamente gravosos para la institución. Y en esto quisiera ser muy preciso: dado ese período largo de congelamiento, los aranceles de la UdeC están un 30% por debajo de los aranceles de universidades que tienen la misma acreditación. En la práctica, a nuestra universidad, si comparamos hasta el máximo que aporta el Estado, esto nos genera una diferencia de 15 mil millones de pesos anuales con la UC y U. de Chile, y eso solo por fondos recibidos desde gratuidad. Si uno lo acumula en el tiempo, esto nos permite comprender en forma importante la deuda acumulada de nuestra universidad. Es decir, tiene efectos económicos y financieros, los tuvo y todavía persisten. Pero no solo eso, cuando se dio inicio al financiamiento por Ley de Educación Superior, los valores de los aranceles que se consideraron fueron los aranceles a 2015 y en la ley del 2018 se incorporó un inciso que daña a la UBB, UFRO y UdeC, que dice que, si bien el Mineduc reconoce aranceles de referencia, no va a pagar ese valor a instituciones que hubiesen tenido aranceles por debajo de dicho monto. Esa diferencia actualmente para nosotros representa cerca de 5 mil millones de pesos y estamos en acciones legales para oponernos. Desde que se activó la ley, ya llevamos cerca de 16 mil millones. Eso aún es consecuencia de lo que sucedió en 2008 y 2009, por lo tanto, cuando en aquella época se señaló que tal acuerdo no tendría efectos futuros, se trató de una profunda equivocación.
– Mirando al futuro, ¿qué puede esperar de la UdeC la ciudadanía de cara a la nueva constitución?
– Hoy nuestro país tiene una demanda superior, que es la construcción de un país más justo, equitativo y sustentable, que considere los requerimientos y demandas de la ciudadanía. El desafío de 2021 va a ser participar en el proceso de elaboración de una nueva constitución y allí pienso que la iniciativa que ha implementado nuestra universidad, Foro Constituyente UdeC, tiene que transformarse en un espacio de respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Tenemos un tremendo desafío como país, tenemos una oportunidad histórica de participar en la construcción de una constitución que refleje demandas actuales y futuras y se transforme en nuestra causa justa común. La tarea de la universidad es estar presente.
– ¿Qué expectativas tiene de la o el próximo gobernador regional?
– Es el avance más importante en los últimos 30 años. Hoy es tiempo de materializar y, por cierto, la elección de gobernación abre una oportunidad de descentralización. No la garantiza, porque todavía falta avanzar en la transferencia de competencias, pero tengo esperanza en que la materialización de esta elección va a generar gobernadores(as) regionales con capacidades de negociación con el gobierno central de manera distinta. Se trata de mantener la característica unitaria del país, pero con las atribuciones necesarias para permitir el desarrollo de los territorios y, para ello, es fundamental contar con un mecanismo distinto de distribución de recursos. Pienso que no es posible mantener la realidad actual, donde más del 80% de los recursos que se invierten en la región son definidos de manera central. Si cambiamos eso, habremos avanzado en descentralización.
– ¿Con qué reflexión se queda al cierre del año y proyectando el siguiente?
– Primero, quisiera entregar un mensaje de agradecimiento a nuestra comunidad por el compromiso y la dedicación sin límites al cumplimiento de nuestra función institucional, por ir más allá de lo que las tareas inmediatas nos imponen. También hablar de esperanza, porque si mantenemos el cuidado de las personas y se avanza en prevención, podremos encontrar salidas el próximo tiempo. Finalmente, reflexionar en torno a la importancia de que las transformaciones que implementamos puedan quedarse, como lo es estar presentes en las decisiones nacionales desde Concepción, Chillán y Los Ángeles, seguir cambiando esa cultura homogeneizadora. Hemos demostrado que desde nuestro lugar podemos influir a nivel nacional y eso nos llena de expectativas.
Texto: : Javier Cisterna Figueroa
