A pesar de que es una de las grandes sombras de nuestra sociedad, cada vez existe una necesidad mayor de sacar a la luz el maltrato a ancianos, fenómeno que a nivel global se ha multiplicado por tres en las dos últimas décadas, según informó recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el último Censo, Ñuble es la segunda región más envejecida del país. Los mayores de 60 años representan un 19% de la población, por lo que los casos de maltrato a los ancianos solo apuntan hacia un aumento. Pese a ello, son pocas las denuncias que se recogen y hay un motivo poderoso, que tiene que ver con la vergüenza que sienten, ya que en la mayoría de los casos los agresores suelen ser personas cercanas, generalmente familiares.
Sin embargo, no todos los casos de un cuidado inapropiado se dan de una forma voluntaria o meditada. Se producen situaciones graves tanto en el ámbito físico, como en el manejo patrimonial y de las pensiones. De hecho, hay una percepción unánime entre abogados, trabajadores sociales, psicólogos, responsables de residencias de ancianos y expertos en la materia, de que el abuso económico a las personas de la tercera edad esconde una enorme “cifra negra”. Se trata de casos referidos a cesiones de viviendas de las víctimas a precios irrisorios a cambio de asistencia o apoyo al anciano por parte de quien se adjudica el inmueble, o bien directamente de situaciones en las que se usurpa la pensión o la ayuda por dependencia que percibe la persona mayor.
Lamentablemente, la política pública ha sido históricamente incapaz de responder a este preocupante cuadro, por lo que las medidas anunciadas el pasado lunes por el Gobierno constituyen una valiosa oportunidad de superar esos abusos e inequidades.
La implementación de la figura del Defensor Mayor que comenzará en ocho regiones -Ñuble incluida- considera tener abogados especializados para asesorar legalmente y de forma gratuita, a las personas mayores.
Además, para complementar este trabajo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) firmó convenios con la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) para otorgar atención jurídica en sus centros, y con la Corte Suprema para capacitar a jueces y funcionarios del Poder Judicial en temas de abuso a personas de la tercera edad.
Además, resulta muy positivo que el Ejecutivo reconozca y enfrente el “maltrato estructural”, que se define como “aquel que ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales y económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existente”.
En esa línea, los tres proyectos de ley que dicen relación con establecer normas especiales para la representación en juicios, crear el derecho a la atención preferente en salud y declarar la incapacidad de suceder al difunto a quien ejerce violencia con el adulto mayor, revelan también una positiva intención de avanzar hacia un mayor bienestar y cuidado de quienes han dado mucho y ahora necesitan recibir ayuda y protección.