A Santiago llegaron autoridades y gremios de la educación de Ñuble para plantearle al ministro del Interior, Víctor Pérez, su preocupación por los eventuales despidos que generará el proceso de desmunicipalización de la educación.
En la cita, participaron el senador Claudio Alvarado, el diputado Gustavo Sanhueza, el consejero regional Jezer Sepúlveda, además de los representantes de la Federación de Funcionarios Daem de Ñuble, Roberto Oyarce y Juan Díaz.
Según estimaciones del gremio, 744 trabajadores de la región podrían ser despedidos una vez comience la implementación de los Servicios Locales de Educación contemplados en la Ley N° 21.040.
La reforma aprobada en el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, crea un nuevo sistema de educación pública, eximiendo en su función de sostenedores a los municipios. En ese contexto, a juicio de los representantes de los funcionarios Daem, sólo estaría asegurado el traspaso a la nueva administración de los asistentes de la educación, docentes y trabajadores de jardines infantiles.
Tras la reunión el representante de la Federación de Funcionarios Daem de Ñuble, Juan Díaz, manifestó que “si bien siempre compartimos la necesidad de desmunicipalizar la educación, fuimos literalmente engañados. Al principio se nos señaló que cada Servicio Local de Educación generaría entre 120 y 150 puestos de trabajo, luego 70, y hoy realmente estamos en un problema serio al dimensionar el gran impacto en el empleo que esto va a tener”.
El profesional agregó que “acá hay una discriminación flagrante contra los trabajadores DAEM, las Direcciones de Educación Municipal (DEM) y las corporaciones municipales de educación, donde se violan las normas internacionales, tratados y garantías constitucionales del 96% de los trabajadores, quienes no tendrán continuidad laboral en el sistema”.
Por su parte, el diputado Gustavo Sanhueza, indicó: “Vemos con gran preocupación que un proyecto de reestructuración global de la educación pública, y que debía venir de la mano con una nueva mirada estratégica, con mejoras en financiamiento, infraestructura y condiciones laborales, hoy todavía mantenga en incertidumbre a los actores más importantes de este proceso: los funcionarios de la educación”.
El parlamentario valoró la disposición del ministro del Interior, Víctor Pérez, para acoger las demandas de los funcionarios DAEM, por tratarse de un tema “extraordinariamente sensible en tiempos complejos, donde miles de familias pueden ser afectadas si no corregimos estas decisiones a tiempo, considerando que los Servicios Locales de Educación entrarán en operación el próximo año”, agregó.
Similar percepción manifestó el consejero regional Jezer Sepúlveda: “luego de haber ejercido por tantas décadas como profesor, no concibo que por un lado busquemos fortalecer la educación pública y, por otro, estemos disminuyendo de forma dramática los puestos de trabajo para personas que desde la administración de los DAEM han aportado durante tantos años. Hay una dimensión humana y social que debemos atender con urgencia en este proceso”.
Tanto el diputado Sanhueza como los demás participantes en la reunión, hicieron un llamado al gobierno a no ser meros ejecutores de esta ley, e intervenir junto al Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública en este problema que a nivel nacional afectaría a alrededor de 12 mil trabajadores.
