El Contralor de la Municipalidad de Chillán, Wenceslao Vásquez Seguel, realizará un análisis jurídico respecto de la legalidad de la propuesta de la empresa Itelecom, seleccionada por la municipalidad para cambiar 12.454 luminarias en la ciudad.
El tema fue analizado hoy martes en sesión de la Comisión Obras del Concejo Municipal de Chillán, en modalidad video conferencia, como consecuencia de la cuarentena existente en la ciudad y porque entre funcionarios de Secpla hubo al menos un caso de Covid-19, que derivó en el confinamiento obligado de directores de servicio y autoridades edilicias.
Se espera que el análisis en derecho del contralor sea entregado al municipio y a los concejales durante este viernes 10 de abril y debiera ser un insumo fundamental para la decisión que adoptarán los ediles en Concejo Municipal fijado para el lunes 13, desde las 10.30 horas.
El concejal Camilo Benavente, quien presidió la Comisión Obras, indicó tras la reunión que les parece “importante que el Contralor haya decidido realizar el análisis jurídico luego de escuchar a las partes. Recordemos que el Contralor interno es un profesional que puede aclarar muchas dudas que existen respecto de este proceso de licitación”.
Indicó que “es preciso aclarar si es que la oferta de Itelecom, que hasta ahora es la elegida por la municipalidad, se ajusta a las bases o no y si por lo tanto debió ser declarada inadmisible”.
Además, agregó “esperamos que nos informe por qué mientras el resto de las empresas postuló un recambio general en más de 150 días, Itelecom prometió hacerlo en solo 90 días, algo que parece imposible. Junto con ello queremos saber si es atendible que la municipalidad haya establecido un plazo de 30 días de gracia antes de aplicar multas por incumplimiento de contrato. Las eventuales multas llegarían solo a $15 millones al mes, algo demasiado bajo e irrisorio para un contrato de casi $4.000 millones. Así cualquiera empresa que quisiera ganar pudo haber puesto 30 o 45 días y se le habría dado mucho puntaje por parte del municipio”.
El concejal Víctor Sepúlveda, agregó: “esperamos que ese informe nos pueda aclarar muchos temas antes de tomar una decisión tan importante para la ciudad. Pero sabemos que si una empresa no está satisfecha con el proceso y su resultado, tiene instancias legales para reclamar”.
En tanto, Patricio Huepe sostuvo que “la discrepancia sería respecto de un punto relacionado con el cumplimiento por parte de Itelecom de la Ordenanza de Alumbrado y un reglamento o decreto Supremo que deben cumplir las empresas”.
Itelecom, postuló con $3.280.946.746, mientras que la segunda en competencia, Engie, lo hizo por $2.740.127.478. La diferencia se explicaría eventualmente por la interpretación de las bases según una empresa y otra, que derivó en que se presentaran proyectos muy diferentes en cuanto a equipos y tecnología.
