Una nueva vía pareciera abrirse en favor de los municipios de la región de Ñuble, para poner fin a esa guerra que ya está próxima a cumplir 15 años contra el funcionamiento de los casinos populares.
Junto con explorar medidas coercitivas, como las clausuras y las multas, además de buscar una protección patrimonial del casco comercial en un futuro Plan Regulador Comunal, ahora se abre una ventana judicial para poner fin a la actividad.
Esto, luego que algunos concejales de Chillán comenzaran a recibir reportes de operativos realizados en otras comunas del país que terminaron con la incautación casi total de las máquinas que operaban en los respectivos centros comerciales de cada ciudad.
Este “barrido” de máquinas se realizó en ciudades como Arica, donde se retiraron 60 máquinas, Recoleta (160), Independencia (300), Copiapó (300) y, el mes pasado, en Temuco con 300 máquinas incautadas.
Hasta entonces, esta acción -al igual que la prohibición definitiva del giro- asomaba como imposible para las autoridades municipales locales, ya que chocaban con un tecnicismo imposible de resolver, como el comprobar que se trata de máquinas de azar y no de “destreza” como defienden los dueños de estos locales.
¿Cómo lo hicieron, entonces? Sencillamente, invirtieron las obligaciones. Se apoyaron en la Contraloría General de la República (CGR) para obligar, ahora, a los locatarios a hacerse responsables de demostrar técnicamente que sus máquinas eran de destreza y no de azar.
Tras múltiples reclamos presentados por la Asociación de Municipalidades ante la existencia de estos casinos, la CGR dispuso, mediante una circular, que cada municipio previo a entregar una patente comercial a una de estas casas de juegos, cada locatario solicitante, debía contar con un informe favorable de la Superintendencia de Casinos.
El informe era un documento estándar que presenta una serie de especificaciones técnicas de las máquinas y de los juegos que pretenden poner a disposición de los clientes, para que finalmente, sea la Superintendencia la que califique si son o no de azar.
De esta manera, se prescinde de un peritaje informático, por decirlo de alguna manera, sino simplemente verificando la existencia de requisitos formales.
En el caso de Temuco, comuna en la que el Ministerio Público jugó un rol clave, explicaron a LA DISCUSIÓN, que “la municipalidad le pidió a estos comerciantes que les entregaran esta información para remitirla a la Superintendencia. Un gran número de ellos no la entregó por lo que caducaron sus permisos municipales; y la información que sí fue entregada, se remitió a la Superintendencia de Casinos, entidad que en su pronunciamiento afirmó que estas máquinas serían de azar y no de destreza”.
Ya con la confirmación de estar ante una red de locales que operan de manera ilegal, la Fiscalía de Temuco dio aviso de aquello al Servicio de Impuestos Internos, por un eventual delito de comercio clandestino, castigado por el Código Penal en su artículo 77.
El siguiente paso fue presentar estos argumentos en el Juzgado de Garantía de Temuco, consiguiendo que este tribunal acogiera la petición del persecutor y compartiera la interpretación de la norma, por lo que le extendió la autorización al Ministerio Público para coordinar con Carabineros la incautación de esas cerca de 300 máquinas en la capital regional de La Araucanía.
Esta acción, que acaparó las portadas de los principales medios de la zona, se concretó el pasado 12 de octubre. Y al igual que las otras comunas mencionadas que siguieron esta vía judicial, no hubo recursos presentados por los afectados que fueran acogidos por las respectivas cortes de apelaciones (en algunos casos ni siquiera las presentaron), por lo que no se registran aún mandatos judiciales para devolver lo incautado.
De infracción a delito
El 14 de octubre del 2022, la superintendente de Casinos de Juego, Vivien Villagrán le inform al Ministerio Público que ella no podía emitir pronunciamiento respecto a si las máquinas utilizadas en los locales conocidos como “casinos populares” son o no máquinas de azar; y que la Superintendencia no estaba facultada para fiscalizar ese tipo de lugares porque, a su entender, no eran casinos.
Este pronunciamiento fue en su momento, un severo golpe para las municipalidades, como las de Chillán, que habían estado buscando las formas de eliminar esta actividad.
Sin embargo, con la aplicación de la circular 83 (2017), la Superintendencia no se ve obligada a realizar fiscalizaciones a locales que “no son casinos”, por lo tanto, fuera de la jurisdicción de la Superintendencia.
Sí, en cambio, pueden revisar los formularios remitidos por cada municipalidad para certificar si las máquinas que un particular quiere instalar en un local son o no de azar, sin necesidad de peritajes, sino verificando la existencia de requisitos formales.
Es entonces, que estos municipios mencionados, encontraron la forma de transformar el funcionamiento de estos casinos en un delito formal, y no sólo en una infracción a la Ley de Patentes.
Conforme a la causa de Temuco, que incluye tanto la presentación de la Fiscalía como una serie de querellas presentadas por la municipalidad y el Casino de Juegos de Temuco, se plantea como argumento jurídico que, en primer lugar, el Código Penal castiga como delito la existencia de casas de suerte, envite o azar, conforme al artículo 277.
La única excepción, establecida en la misma ley, es la llamada Ley 19.995 que admite el funcionamiento de casas de juego reguladas de acuerdo a las exigencias planteadas por esa normativa, a través de la Superintendencia de Casinos.
De acuerdo a lo confirmado por la Municipalidad de Chillán, ninguna de estas casas de juegos que operan en la comuna cuenta con patente para ejercer la actividad de casino, por lo tanto, su funcionamiento contraviene el artículo 277, transformándose -como se planteó en Temuco, Recoleta, Independencia y el resto de las comunas que realizaron incautaciones masivas de máquinas- ya no en una infracción a resolver en un juzgado de Policía Local, sino en un delito a perseguir por el Ministerio Público.
Desde la Fiscalía de Temuco, explicaron que “se hizo presente al tribunal que estos locales no contaban con los permisos necesarios para su funcionamiento, en segundo término, se hizo presente la existencia de un eventual delito de comercio clandestino, ya que estarían lucrando o comercializando con elementos que la ley no autoriza, incurriendo a nuestro concepto, en una infracción a la ley de artículo 277 de nuestro Código Penal”.
Para los fiscales de esta causa, los pasos siguientes consisten en imputar a personas por sus responsabilidades en estos hechos y, finalmente, conseguir la orden de decomiso que les permitiría ejecutar la destrucción de las máquinas.
Otra investigación aún en curso
Obrar por el artículo 277 no asoma como la única manera que ofrece el Código Penal para acabar con el funcionamiento de estos casinos.
En agosto de 2018, en la comuna de Independencia, de la Región Metropolitana, también se registró una incautación de cientos de máquinas de estos locales.
En este caso, la Fiscalía apuntó a supuestos actos de lavado de activos que fueron separados de la causa inicial por asociación ilícita, delitos tributarios, aparte de comercio clandestino.
La causa la llevó el fiscal Roberto Contreras tras la querella presentada por la Asociación Chilena de Casinos de Juegos y que denuncia la existencia de actos tendientes a disimular el origen ilícito de los dineros.
La investigación llegó a tener 36 imputados por el funcionamiento de casinos clandestinos en distintas sedes en la capital, teniendo como antecedentes las primeras condenas contra tres de los acusados, quienes pagaron con entre 61 y 41 días de presidio remitido, además, de una multa de 11 UTM (cerca de $520.000) y entregar el comiso de todas las especies incautadas que fueran de su propiedad, como fichas, mesas y dinero en efectivo.
Según el Ministerio Público, en esa oportunidad, las ganancias generadas en el inmueble de La Pastora, en la comuna de Las Condes, permitieron la creación de otros dos casinos clandestinos en la comuna de Santiago, y prontamente, de acuerdo a la investigación, la organización pretendía instalar un nuevo local en Vitacura, específicamente en calle Espoz.
Ello, porque en base a las conversaciones de los propios imputados obtenidas a lo largo de las pesquisas, cada casa de juego le embolsaba cerca de $25 millones al mes.
Ese fenómeno de la proliferación de casinos es imposible no asociarlo con la realidad que se vive en Chillán.
“Nosotros estamos recibiendo semanalmente diversos informes que dan cuenta de la clausura de estos casinos, pero la verdad es que también nos queda la sensación de que cada vez son más y más los que uno se encuentra en el centro y, lamentablemente, en negocios de barrio donde también están apareciendo estas máquinas”, advierte la concejal Quenne Aitken.
Esta percepción de un aumento de salas de casinos populares, también la dice tener el concejal Rodrigo Ramírez, presidente de la comisión de Seguridad, de la Municipalidad de Chillán.
“Yo también tengo la sensación de que hay más. Y eso es lo que la gente nos reclama, porque nunca un local de estos es una buena noticia. Al contrario, donde llegan hay problemas y generan una mayor sensación de inseguridad, por eso mismo la gente nos reclama que pareciera que hoy por hoy hay uno en cada cuadra del centro”, comenta.
Es entonces cuando cabe preguntarse quién o quiénes son los dueños.
Pregunta que, naturalmente, ya se ha hecho la Fiscalía Regional de Ñuble, por lo que contaba con una investigación preferencial respecto al funcionamiento irregular de este tipo de locales en la región.
Como antecedente, en 2016, el fiscal Mauricio Mieres encabezó en Chillán un trabajo conjunto con Carabineros, logrando la detención y formalización de seis administradores o derechamente dueños de estos lugares.
A todos por el mismo delito, el de rotura de sellos, es decir, abrir el local pese a estar clausurado por la Municipalidad. En cada uno de los casos se logró una condena, aunque ninguna privativa de libertad.
En esta oportunidad, el llamado “foco investigativo” del grupo Sacfi de la Fiscalía Regional estuvo a cargo del fiscal, Álvaro Serrano.
Debido a que también obtuvo condenas, y previamente incluso medidas cautelares de prisión preventiva en contra de algunos de los imputados, en las mismas reuniones de concejos municipales -donde se acusa abiertamente a estos locales de esconder actividades como la venta clandestina de cigarrillos, de drogas, alcohol y prostitución -plantearon que era necesario investigar si se trata de empresas instaladas para lavar dinero narco u otro tipo de actividades criminales.
En contraste con esas aprensiones, el fiscal Serrano apunta que “estas sospechas que estaban en el inconsciente colectivo”, pero aclara que de todos los casos que pasaron por manos de Sacfi, “no vimos indicios concretos de que exista un lavado de activos a través de los casinos; tampoco hemos tenido jamás en la región una denuncia concreta que apunte a eso”.
Sin embargo, con la misma claridad añade que “no quiero decir con esto que alguna vez podamos encontrarnos con algo así. Pero hasta el momento, no es algo que hayamos visto”.
Todo parte con una querella
Otro aspecto en común a todas las comunas donde se materializaron estas incautaciones masivas, es que para que tales acciones penales se concretaran los alcaldes y otras autoridades locales, debieron presentar las respectivas querellas por infracción a la Ley 277.
Por ejemplo, el abogado Francisco Vergara, representante del consistorio temuquense incluso apela a los resguardos de la salud mental de los ciudadanos, “vulnerando garantías constitucionales que son la integridad psíquica e incluso física de todos los ciudadanos que transitan, garantizado en nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 1. Y finalmente, todo lo anterior bajo el fin último de un ánimo de lucro, no solo del que explota dichos lugares, sino también de quien arrienda sus propiedades para dicha finalidad, que hacen que exista un gran interés municipal y, además su obligación de no solo combatir la delincuencia, sino que el deber de brindar seguridad a la ciudadanía”.
En tanto, la abogada del Casino de Temuco, Margarita Campillay, expuso que “estos hechos deben ser considerados configurando el delito de asociación ilícita, contemplado en el párrafo 10 del mismo Título VI, del Código Penal, artículo 292 y siguientes, que la prescribe como, toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse”.
Con lo anterior como telón de fondo, la concejala Quenne Aitken advierte que la querella por parte del municipio de Chillán, “sin lugar a dudas debería ser el camino a seguir, pero lo que me preocupa es eso que se comenta siempre tras bambalinas respecto a que hay algunas personas en la política que no les interesa que estos casinos sean eliminados porque les ayudan en sus campañas, ya que corre mucha plata detrás de esto”.
La edil, por lo demás, da cuenta que ya en algunos sectores residenciales de la comuna se han detectado domicilios particulares que funcionan como casinos populares clandestinos.
Su par, Rodrigo Ramírez, cree que “es necesario retomar con más fuerza este tema en los concejos. No podemos seguir desatendiendo a lo que tantas personas nos piden y si es necesario partir con una querella, que se haga”.
Una tarea a largo plazo
Otra forma, pero a largo plazo, que ya algunos concejales han estado barajando, es intencionar que a través del próximo Plan Regulador Comunal (estancado por años por lo atorado que sigue el Plan Regulador Intercomunal de Chillán y Chillán Viejo) se pueda establecer un perfil más patrimonial y de comercio tradicional, al menos en el casco comercial de la ciudad, que es precisamente donde mayor presencia de estos locales hay en la actualidad.
Con esto, por ejemplo, se podría solucionar el que estos locales comerciales se utilicen además como viviendas, ya que muchos de los dueños o administradores (generalmente de nacionalidad china) utilizan algunas de estas dependencias como vivienda para evitar que con un sello de clausura les prohíban el acceso a sus hogares, asunto que está garantizado en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Este resguardo patrimonial, al menos, ya se ha intencionado mediante ordenanzas municipales respecto a sectores como el mercado tradicional, para evitar la proliferación de locales ajenos a la agricultura, la artesanía o las cocinerías, que le han dado un carácter turístico al sector, por más de un siglo.
Sin embargo, tanto Quenne Aitken, quien preside la comisión de Patrimonio, como Rodrigo Ramírez, si bien concuerdan que se trata de una opción a revisar, aclaran que es necesario trabajar en planes que den respuesta en la inmediatez.
118 clausuras este año
Desde la Inspección Municipal precisaron a La Discusión que solo hasta el 1 de octubre este año ya han realizado 118 procedimientos de clausura a esos mismos locales.
“A pesar de la regulación, las salas de apuestas ilegales continúan desarrollando sus actividades, vulnerando las fiscalizaciones y cierres realizados por la Municipalidad, Carabineros o la PDI”, explica la directora de Seguridad Municipal, Alejandra Martínez.
Durante los controles que han sido realizados, además han sido detenidas 22 personas por su eventual relación con la administración de aquellos sitios.
Sin embargo, los casinos también cuentan con sus defensas y abogados, quienes han logrado diversos triunfos para ellos en los tribunales.
Héctor Mella, abogado santiaguino que lleva más de una década como defensor en estos casos, incluso, dice que “revisé toda la causa de Temuco y lo que ahí pasó fue que la defensa era un desastre. Los defensores no conocían la ley y no supieron manejar la teoría del caso ni supo argumentar para, por último, generar duda razonable ante el juez. Hay muchos antecedentes y fallos en los que se pudo haber respaldado y no lo hizo”.
Para Mella, quien también ha litigado en Chillán por estos mismos hechos, es “absolutamente ilegal que se realicen estas incautaciones. La Lacrim y la Superintendencia de Casinos ya han informado que ellos no pueden hacer peritajes para acreditar si las máquinas son o no de azar”.
Mella dice, además, que “Temuco abrió esta puerta” en relación a este último fallo y por el que ya muchas otras fiscalías del país han pedido más información.
De todas formas, para el abogado, “la jurisprudencia no obliga a ningún tribunal a fallar de una manera determinada”.
