Hasta que el “Caso Fundaciones” llegó a Ñuble. Tal como ya ha sucedido en otras ciudades del país, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó incautaciones de computadores y otros documentos desde las oficinas de la Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y del Serviu, en la capital regional, siguiendo con una orden de la Fiscalía Regional de Ñuble.
Cerca de las 10.30 horas de ayer, las brigadas de Delitos Económicos (Bridec) de Chillán y la Brigada Anticorrupción Metropolitana, ingresaron a las dependencias de las mencionadas entidades, y conversaron por cerca de una hora con sus respectivas jefaturas en relación a los vínculos y contratos que mantienen con la investigada Fundación EnRed Ñuble, que estuvo a cargo de las construcciones de campamentos de emergencia en las comunas de Bulnes (2021) y de Coelemu (vigentes).
Tras consultas realizadas por medios locales, desde la Fiscalía confirmaron que “en el marco de una investigación por el caso fundaciones, a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía Local de Chillán, Sergio Pérez Nova, durante esta jornada se realizan diligencias de incautación de evidencia en las oficinas del Serviu y de la Seremi de Vivienda de Ñuble, en Chillán”, para cerrar el comunicado explicando que por la naturaleza de las indagaciones, no podían entregar mayores detalles.
Quién sí confirmó que las diligencias se relacionaban con los vínculos con En Red, fue el seremi del Minvu en Ñuble, Antonio Marchant.
“La Región de Ñuble tiene tres convenios con la Fundación EnRed. Uno celebrado en 2021, durante la administración anterior, por $46 millones para un campamento en Bulnes, y dos convenios de 2022 correspondientes a Coelemu, cada uno por $30 millones.
Tanto el Seremi de Ñuble, como el director de Serviu, reiteran que, tanto ellos como los equipos, prestarán toda la colaboración a la investigación en curso y abogan a que todo se apegue a la normativa legal y administrativa correspondiente”, dijo.
Anteriormente, el seremi confirmaba que estaban “en proceso de solicitar el término de estos convenios y la devolución de algunos recursos”.
El caso fundaciones —también conocido como caso convenios— es un caso de corrupción política que implica a miembros del oficialismo, principalmente del partido Revolución Democrática, por el traspaso directo de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales afines al gobierno.
Se realizó mediante la fragmentación de los mismos para evadir la fiscalización de Contraloría General de la República, con propósitos que son materia de investigación judicial.
Según informes de la Fiscalía Nacional el monto de defraudación ascendería a 14 mil millones de pesos chilenos (16,4 millones de dólares).
Este caso abarcaría un total de 53 fundaciones a lo largo del país, y en el caso de EnRed, los antecedentes ya habían sido solicitados por la Contraloría Regional, como por los parlamentarios de la zona.
“En junio de este año, hicimos un llamado al Ministerio de Vivienda solicitando detalles específicos sobre los convenios efectuados”, recordó la diputada Marta Bravo, quien agregó que “lo que recibimos fue una respuesta genérica sobre la situación en el ámbito nacional, sin un enfoque local. Ahora, es fundamental que la investigación del Ministerio Público continúe su curso”, expresó.
“No tenemos nada que aclarar”
La Discusión logró contactarse con personal de EnRed Ñuble.
Víctor Pérez, quien estuvo a cargo, como contratista, de las obras en Bulnes, respondió que “en todo este tiempo, en la Fundación no han hablado ni van a hablar con la prensa porque no hay nada que aclarar”.
Pese a esto, admite: “nosotros hicimos los trabajos que nos encargaron y lejos de ganar dinero, hasta perdimos. Pero sí vi un poco de desorden, especialmente porque hubo trabajos en los que no quedó muy claro quiénes tenían que ejecutarlos. La empresa constructora reclamó que en la Municipalidad de Bulnes le habían cambiado las reglas del juego y prefería demandar”.
Pérez, sin embargo, reflexiona que “no hay irregularidad si usted cobra por cierto trabajo más de lo que generalmente se paga, y la parte que contrata acepta. Eso no es ilegal”, aunque concluyó diciendo que “tenemos la conciencia tranquila y al menos yo cobré por mi trabajo lo que se cobra normalmente”.
Guillermo Yeber, alcalde de Bulnes, dijo que “esto es un tema que se arrastra de la administración pasada, pero un día llegaron las personas de esta fundación a mi oficina, y de manera muy patuda, nos empezaron a exigir que hiciéramos trabajos que no nos correspondían a nosotros hacer, si no a ellos. Obviamente no accedí y en adelante no los volví a recibir”.
