En un comunicado emitido por la jerarquía eclesiástica de Argentina, se anunció que el Estado argentino ha dejado de pagar los sueldos mensuales de los obispos de la Iglesia Católica.
La medida, que entró en vigor el pasado 1 de enero, pone fin a una asignación mensual que ascendía a unos 55.000 dólares, según informó el portavoz presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa.
La asignación económica, que se otorgaba en virtud del artículo 2º de la Constitución de la Nación Argentina, que establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, ha sido revocada después de gestarse desde 2018, año en que se aprobó la ley del aborto en Argentina.
Esta decisión se originó tras una reunión entre la Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), en un contexto político que abogaba por la separación entre la Iglesia y el Estado. El acuerdo estipulaba que la medida entraría en vigor al finalizar la Administración de Alberto Fernández (2019-2023).
Manuel Adorni, portavoz presidencial de Javier Milei, destacó que esta medida coincide con los lineamientos del actual Gobierno argentino, enfocados en la austeridad del gasto y la defensa de la libertad de culto. Adorni afirmó: “Entendemos que el Estado no tiene por qué dar un tratamiento desigual a una religión o culto sobre otra”.
