Señor Director:
En 1926 se creó el Parque Vicente Perez Rosales, primera área protegida en Chile, el que fue establecido con el fin de proteger sus atributos naturales, fomentar el turismo y prevenir la instalación de cualquier actividad que pudiese afectarlo. Con el tiempo se crearon otros parques, sin embargo, algunos de estos no han sido capaces de frenar la expansión de la industria intensiva dentro de sus límites y eso se debe a que se carece de reglas claras al respecto.
Muchas de estas reglas se definirán en la discusión que se dará en la Cámara el martes 17 de enero en el marco del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En esta materia, la discusión recae sobre qué actividades queremos permitir dentro de ellas a través de la entrega de concesiones, y cuan claras son las reglas que estableceremos.
La Sala tendrá que decidir entre lo planteado por la Comisión de Medio Ambiente y la de Agricultura. La primera estableció que, dentro de las áreas protegidas, solo podrán entregarse concesiones destinadas a actividades de investigación científica, educación o turismo. En Agricultura, se aprobó permitir el otorgamiento de concesiones sectoriales, siempre que sean compatibles con el objetivo de la categoría, el objeto de protección, el plan de manejo del área protegida y un informe favorable del Servicio.
Creemos que esta segunda alternativa es incorrecta como técnica legislativa, ya que solo provocará incertidumbre y judicialización, al no establecer con claridad qué actividades efectivamente estarán prohibidas. A su vez, podría abrir la puerta al otorgamiento de concesiones para el desarrollo de proyectos mineros, salmonicultura o megapuertos dentro de las áreas protegidas, cuestión que no es compatible con una real protección.
La Cámara tiene la oportunidad de enmendar esto, y garantizar que los compromisos internacionales de Chile en torno a proteger sus áreas protegidas se hagan efectivos.
Javiera Calisto Directora Legal de Oceana Chile