Aunque está prohibido que los reos duerman en el suelo, pese a las normativas internas y a los lineamientos internacionales de Derechos Humanos, hoy en la cárcel de Chillán, a veces la cantidad de literas no alcanzan y tienen que tirar el colchón a piso. “Es algo que escapa a nuestro control, por eso se están solicitando literas a las demás unidades de la región”.
La afirmación es del suboficial Cristian Montecinos, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), quien en conversación con LA DISCUSIÓN, aseguró que ya se dejó atrás ese -políticamente correcto- vocablo “sobrepoblación” para usar el rehuido término de “hacinamiento”.
“La sobrepoblación es cuando hay un número rebasado de personas en un lugar, pero el hacinamiento tiene alcances de higiene, de salud mental, de agresividad. En un lugar hacinado no puedes esperar que las cosas funcionen como están planificadas, porque está todo sobreexigido”, añade como antesala para anticipar que “según los estudios hechos por la institución, en promedio tenemos un 104% de hacinamiento en las cárceles del país, y la de Chillán va a colapsar en 2025”.
Y remata la oscura premonición diciendo que “y de ahí para adelante ya nadie es capaz de prever qué va a pasar acá adentro. Pero bueno no va a ser”.
Documentos que guarda el suboficial demuestran que incluso en cárceles que jamás registró problemas, como la de Castro, ya están sobrepasadas porque se está enviando a reos de ciudades más grandes a los planteles menores.
Ñuble también tiene un recinto entre los 10 más colapsados de Chile. Se trata del de San Carlos, en el noveno puesto, con 172,7% de uso, ya que actualmente tiene 114 reos y su capacidad es de 66.
Sobre algún avance en el proyecto de sacar la cárcel centro de Chillán (discurso próximo a cumplir sus bodas de plata), en la Anfup aseguran que es un tema que, sencillamente, en la actual Seremía de Justicia no se trata.
Y aunque el gremio nunca ha creído en ese rezo, hoy enfrentan problemas incluso mayores. “Nuevamente, quieren abrir el ala juvenil acá en Chillán, eso sí que a nosotros nos perjudicaría bastante, porque no tenemos personal para poder hacernos cargo de esa ala y porque no tenemos espacios para ellos. Hoy en esa ala tenemos disgregados a internos de la tercera edad, a los que están saliendo con algún beneficio y a ese tipo de personas a las que hay que tener separada del resto. Para eso existe el CEP que tenemos en Coronel”, explica.
Una Bomba de Tiempo
Hoy, los recintos carcelarios no concesionados datan de principios o mediados del siglo pasado en su mayoría. La de Chillán es 1943 y se concibió como un recinto de seguridad media. En menos de 50 años su efectividad ya estaba en cuestión. 12 años después, los informes decían que el edificio, capaz de albergar a 376 hombres y a 34 mujeres, ya contaba con una población penal de 513 presos y 71 reas. De ellos, más de 35 era del alto compromiso delictual.
Hoy, que el plantel superó los mil reos, para la Anfup hablar de alta, media o baja seguridad es entendible solo en quienes “no tienen idea de lo que hablan”, dice Montecinos.
Lo anterior es porque “hoy el delincuente ya no es lo mismo que antes. Hoy el gendarme está atado de manos, cualquier error o exceso que cometa, incluso en caso de defensa, le puede costar el trabajo. Hoy, el reo se siente más protegido por el Estado y por los Gobiernos que los gendarmes y sólo en Chillán, cada mes tenemos entre dos y tres funcionarios constatando lesiones por parte de los reos”, dice el dirigente.
A eso se debe sumar que hay agrupaciones delictuales jerarquizadas, con contactos en otros recintos que están constantemente reclutando a primerizos que ven en estos grupos una póliza de seguridad.
Y a eso, la exseremi de Justicia, Jacquelinne Guíñez, añade que “la mayoría de estos reos primerizos que tienen alguna adicción, siguen buscando drogas al interior de la cárcel, entonces aunque los separen, ellos piden que los tribunales resuelvan, por alguna razón, un cambio de dormitorio y se terminan involucrando con los reos de mayor peligrosidad”.
Cifras proporcionadas por la Anfup, revelan que sólo en una cárcel como la de Chillán (de seguridad media) el 84% de los internos presenta adicciones severas.
“Nosotros fuimos los primeros en advertirle al Gobiernos que a las cárceles chilenas había llegado el Tren de Aragua y no nos creyeron, pero hoy a nadie la cabe duda. Hoy la seguridad de un interno, adentro, depende de la cantidad de contactos que tenga con otras organizaciones criminales. Hoy tienen otros códigos, saben dónde viven nuestras familias y nos amenazan; hoy nos enfrentan, nos desafían y manejan desde el interior todo tipo de negocios por redes sociales”, describe Montecinos.
Respecto a la influencia extranjera, advierte que aunque en Chillán no es muy alta, “está esta discusión parlamentaria para dejar en prisión preventiva a todo ilegal que sea detenido por algún delito. Me parece impracticable, pero si al país llegaron inmigrantes a delinquir es porque antes hubo un discurso político que les allanó el camino. Eso lo vemos en varios países y en todos, las cárceles están colapsando y son tierra de nadie”.
Esa misma queja se repite en otras ciudades del país. “Por eso, se afirma que hoy, las cárceles son una bomba de tiempo”, concluyó.
Sólo balas de salva
Si hay que reconocerle un mérito a la actual Seremi de Justicia, en materia del proyecto para una cárcel regional que termine por sacar el plantel penal del centro de la capital regional de Ñuble, es que al menos, han tenido la decencia de no salir a prometer nada.
No han querido insistir en una idea que nunca viene con mucho respaldo, que no logra concitar voluntades políticas, o cuando pareciera que se está a sólo un par de firmas para que por fin resulte, hemos tenido políticos boicoteando subrepticiamente la iniciativa, debido a que no lograron sacar una tajada del proyecto.
Así pasó en 2019, cuando se estaba adportas de concretar el acuerdo para instalar el penitenciario regional en un predio cercano al Centro de Estudio y Trabajo de Gendarmería, en la comuna de San Carlos.
El ministerio de Justicia y la institución carcelaria diseñaron un proyecto con un marcado énfasis en la reinserción social, pionero en Chile, y de exclusivo uso para reos de menor a mediana complejidad.
La idea de la seremi, Jacquelinne Guíñez, era realizar una campaña de socialización ante la comunidad, para evitar que el pánico fuera la primera oposición. Sin embargo, la idea se filtró antes y la comunidad sancarlina despavorida salió a protestar airadamente en contra de un proyecto que ni siquiera se dieron el tiempo de conocer.
La seremi, si bien no lo dirá jamás en publicó, cree tener la seguridad de que quien boicoteó el trabajo fue un parlamentario de la zona. Y de su propio gobierno.
“Ese diseño, tal vez haya que hacerle algunas modificaciones, pero sigue vigente y es un muy buen proyecto, un proyecto pensando en el futuro de la realidad penitenciara, enfocada a una reinserción social, laboral e integral de las personas. Hoy sigue en manos de la seremi de Justicia”, advierte la abogada.
Estaba el diseño, el dinero (cerca de 11 mil millones de pesos) y un preacuerdo con el dueño del predio en cuestión. Y eso ha sido lo más cercano que hubo en Ñuble, respecto a tener un recinto penitenciario regional, que permita liberar a Chillán, a San Carlos, a Yungay y a Bulnes de tener un penal dentro de su área urbana.
De ahí hacia atrás, sólo anuncios sin fondo, promesas de campañas y show mediático. Sólo balas de salva.
Repasando: Fue en los últimos años del gobierno de Augusto Pinochet que por primera vez se comenzó a apuntar a la cárcel chillaneja como un recinto que decía ser reubicado en otro lugar. Sin embargo, nunca fue más allá que una idea que rondaba en los pasillos.
No fue hasta 1999, cuando en una visita a la zona de la ministra de Justicia, Soledad Alvear, se exploró en la necesidad de reconstruir el plantel fuera del casco urbano chillanejo. La iniciativa la plantearon el, entonces gobernador de la provincia de Ñuble, Ignacio Marín, en conjunto con el alcalde de la época, Aldo Bernucci.
“Teníamos claro lo que estaba pasando en las cárceles y quisimos anticiparnos. Se hablaron de varios terrenos, incluyendo uno en Quinchamalí, pero la gente se opuso y la verdad, nunca encontramos apoyo político real, el apoyo era para la pura foto”, sostuvo el exjefe comunal.
La pelota volvió a entrar al área en 2009, cuando el alcalde era Sergio Zarzar, uno de los que se opuso a la idea de hacerla en Quinchamalí, “porque no se puede poner una cárcel en un sector con alto potencial turístico, si es de toda lógica”, explicó.
Esta vez, Zarzar buscó alternativas fundamentándose en los informes de Gendarmería que daban cuenta de las condiciones muy insuficientes en las que trabajaba el personal, en lo deteriorado del recinto y en la falta de equipamiento en general.
Aunque su idea era buscar un predio en un sector rural, sin casas aledañas (se habló de un terreno entre San Nicolás y San Carlos), también acogió el argumento que obligaba a que la “cárcel de Chillán” siguiera estando en Chillán.
Sin embargo, sus advertencias fueron desestimadas por el gobierno de Michelle Bachellet. Un año después, la cárcel se transformaría en la postal más emblemática de las consecuencias que tuvo el terremoto de febrero de 2010, en Ñuble.
Tal como lo advirtió Zarzar, la vieja cárcel no resistió el baile y se desmayó. Muro al suelo y 254 reos se fugaron. En la huida, tres de ellos fueron baleados letalmente y un cuarto murió quemado luego que compañeros de celda lo dejaran amarrado en medio de un incendio que ellos mismos provocaron para favorecer la estampida.
Quemaron cinco casas de calle 5 de Abril y el pánico generalizado fue digno de una novela de Orson Wells.
Pero ni eso fue argumento suficiente. Se siguió tratando, pero se anunciaba un lugar y al otro día, la gente salía en masa a protestar y con eso bastó siempre para que el gobierno reculara.
El último predio en la mira fue uno en Quilmo, porque era estatal y además, quedaba en la comuna de Chillán. Sin embargo, era el que utiliza en el Ejército para sus ejercicios y tras varias tiras y afloja, lograron asentar la orden de no innovar.
¿Un nuevo escenario?
El arquitecto Claudio Martínez fue director de Gendarmería a principios de este siglo. Conocedor de la realidad externa, interna, política y social del asunto dice insistir en que el enfoque de toda iniciativa debe ser la reinserción social de los internos.
“La cárcel es el último eslabón del circuito de seguridad ciudadana, se presenta el castigo que es la pérdida de la libertad, no es el único instrumento que permite la reinserción, pues la reinserción de los condenados se produce cuando ya están en libertad” cometa.
Sin embargo, tiene una mirada menos romántica cuando habla de la seguridad que debe tener un plantel actual en Chile.
“La cárcel tiene que ser un elemento inhibitorio para el crimen organizado, es indispensable que en las cárceles hoy día se consideren locutorios de vidrio para cohibir las comunicaciones desde el interior hacia el exterior en la comisión de nuevos delitos, inhibidores de señales y leyes que permitan una mayor fiscalización respecto a las señales de corrupción que se puedan advertir al interior”
Leyes que se acaban de aprobar van en esa dirección porque le entregan a gendarmería atribuciones para investigar los delitos que se planifican al interior de las cárceles. “No se puede dejar que las bandas sigan operando desde dentro de las cárceles, porque eso es fortalecerlas y dejarlas que tomen el control”.
La pregunta es, entonces, cómo darle cuerda a esa siempre sospechosa “voluntad política”.
Para el suboficial Montecinos, “ya no hay espacio para discursos anarquistas. A diferencia del discurso de hace un par de años, la gente hoy clama por seguridad, pide a los delincuentes en las cárceles porque la violencia tiene al país en caos. Hay un cambio de paradigma tras la muerte de tantos carabineros, entonces la presión es otra, ahora viene de afuera con más fuerza que antes”.
Jacquelinne Guíñez, apunta a que “los políticos saben que siempre debe haber un análisis del contexto en que se dan las cosas”.
Agrega que “siempre hay que buscar una tercera vía, que puede ser la mejor, pero a veces los seres humanos somos un poco egoístas y por defender posturas dejamos de escuchar. Si pudiésemos escuchar, las personas tendrían una postura más positiva de lo que son las cárceles, porque está comprobado que donde se instalan incluso aumenta la seguridad en el perímetro, y el único caso adverso fue el de Colina 2, pero ahí fue al revés, se hizo una cárcel en un lugar donde ya había una toma a la que luego transformaron en villa”.
Hoy, los índices de delitos en las casas aledañas a la cárcel de Chillán no son diferentes a las que exhiben otros barrios residenciales de la ciudad. Tampoco hay paredes vandalizadas y las casas no se han desvalorizado. Pero la cárcel del centro ya ha aguantado otros terremotos.
