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Voto obligatorio

Esta semana, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto que repone el voto obligatorio en Chile, iniciativa que fue impulsada con el apoyo transversal de los legisladores.

Y si bien se trata de un proyecto bastante simple en su redacción, que no introduce cambios que apunten a subsanar las deficiencias que había en el sistema anterior, esta medida, según las encuestas, tiene una alta valoración por parte de la ciudadanía.

Al respecto, la postura del Gobierno, transmitida por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, es que “no es el momento adecuado para presentar esta señal de improvisación”, considerando la crisis social e institucional ligada al descrédito de las instituciones, particularmente de las políticas.

Esta iniciativa, que busca reformar el artículo 15 de la Constitución, debiera estar promulgada antes del plebiscito de entrada de abril próximo.

En ese sentido, reponer el voto obligatorio es una respuesta frente a la crisis de representatividad de las autoridades políticas, una de las claves del estallido social que se inició en octubre.

Basta recordar la caída sostenida de la participación electoral desde que el voto voluntario se implementó en enero de 2012. En los últimos comicios generales de noviembre de 2017, un 47,6% de los electores de Ñuble concurrió a las urnas, cifra muy cercana al promedio nacional de 46,7%.

Y si bien algunos expertos sostienen que las tasas de participación electoral de los chilenos se acercan a las que exhiben otros países con voto voluntario, las movilizaciones ciudadanas reabrieron el debate sobre la naturaleza de este derecho y su dimensión en tanto deber cívico.

No es menor que el Presidente Sebastián Piñera, quien obtuvo el 54,5% de los sufragios en la segunda vuelta, fue elegido, en la práctica, por el 26,4% de los electores; y que hoy, enfrentado a las movilizaciones, haya debido dejar de lado su programa de gobierno para abordar una nueva agenda, sumergido en una crisis de representatividad.

No es un misterio que los electores se han ido distanciando de la política, en buena medida decepcionados de ésta, razón por la cual el voto obligatorio no resolverá el problema de fondo, sin embargo, contribuirá a dar mayor legitimidad al plebiscito de entrada para una nueva Constitución, así como eventualmente al plebiscito ratificatorio, pero también a las autoridades que se elijan en el futuro.

Es por ello que la reposición del voto obligatorio debe ser parte de un enfoque más integral sobre el divorcio entre la ciudadanía y la política, que incorpore, entre otras medidas, facilidades para concurrir a sufragar, por ejemplo, acercando los locales de votación a los electores; un fortalecimiento de la educación cívica en la enseñanza secundaria; avanzar en el combate a la corrupción y en la regulación del financiamiento de las campañas; incorporar más instancias de participación ciudadana a través de consultas vinculantes; pero fundamentalmente, mejorando el trabajo de las autoridades, de manera que los electores perciban que la política tiene un efecto concreto sobre su calidad de vida y sobre el desarrollo del país.

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