Close
Radio Radio Radio Radio

Voluntad de descentralizar

Mauricio Ulloa

En los países desarrollados (OCDE) el nivel central tiene a su cargo la definición de solo el 50% del gasto fiscal y los gobiernos locales la otra mitad. En Chile, en cambio, el poder de asignar los recursos está en Santiago, con el 85% de la toma de decisiones; mientras regiones y municipios asignan en forma autónoma la pequeña fracción restante, un 15%, margen que incluso disminuirá como consecuencia de la desmunicipalización de la educación.

Esta desviación de un sistema hipercentralizado y su posible solución, viene siendo expuesta hace décadas por estudiosos y organizaciones regionalistas, sin embargo nunca ha llegado a puerto. Tanto en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, como en el primer proceso constituyente, se proponía la coparticipación de las regiones en la recaudación fiscal nacional mediante una serie de tributos descentralizados para gravar a generadoras de energía y forestales y a las cadenas del retail en las zonas donde están emplazadas. Las dos primeras se asocian a un derecho a compensación y reparación que tiene el desarrollo, sobre todo cuando los beneficios no van directamente a quienes sufren sus efectos negativos.

En el caso del retail, un tributo descentralizado vendría a nivelar la cancha y terminar con las escandalosas diferencias hoy existentes en el pago de patentes municipales. En Chillán, por ejemplo, hay supermercados que pagan cada seis meses $50.000 por concepto de patente, mientras que una empresa local cancela 4 millones y un vendedor ambulante del orden de 130 mil.

La realidad descrita y las propuestas para superarla -no todas, pero la mayoría- son hace tiempo conocidas. De hecho, la propia Constitución del 80 permite, a través de una simple ley, que determinados tributos que gravan actividades o bienes con clara identificación regional o local, puedan ser afectados para fines de desarrollo de la propia localidad. Pese a ello, en los últimos 30 años ninguna iniciativa de este tipo ha prosperado y la razón es simple: nunca ha existido voluntad política para promover tales cambios.

¿Será ahora distinto con el proyecto de ley de “Regiones más fuertes” presentado por el Gobierno y que busca potenciar la autonomía en el manejo de los recursos por parte de los Gobiernos Regionales?

Nadie podría garantizarlo, pero este nuevo intento, que el Ejecutivo ha trabajado con la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, parece generar bastante consenso, aunque se requiere conocer en detalle el articulado del proyecto que considera un nuevo Fondo Permanente de Equidad Interregional que vendrá a modificar el actual FNDR y debería entrar este mes al Congreso.

En todo caso, aunque los actores políticos no son los mismos que hace tres décadas y eso podría dar una mejor oportunidad a esta propuesta, los grupos de poder e intereses que se han beneficiado del centralismo siguen siendo los mismos, gozando de vetos y otros mecanismos para imponer su voluntad, aun siendo minoría en el Parlamento.

Sin embargo, esperemos que esta vez el viento sople a favor del cambio, de un nuevo contrato social que propicie una renovada visión sobre el protagonismo de los actores territoriales, un proceso donde Ñuble debería tener mucho que decir.

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Leave a comment
scroll to top