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Tribunal acoge solicitud del CDE y amplía plazo de investigación del caso led por otros ocho meses

Cristian Cáceres

Una vez más se aplaza una eventual audiencia de preparación de juicio oral, en el caso de cohecho, soborno y lavado de activos, que se ha caratulado, desde mayo de 2020, como “Causa Led”. En ella la PDI, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) investigan hechos de corrupción en el proceso de licitación en diversas municipalidades del país, para el recambio de luminarias del alumbrado público por tecnología led.

Lo anterior, pese a que a mediados de este mes la Fiscalía Regional de Ñuble (a cargo de la investigación a nivel nacional, salvo la arista de Iquique) ya había presentado acusación en contra de los imputados, etapa a la que se llega solo cuando dan por cerrado el plazo para investigar.

Sin embargo, fue el CDE en su calidad de querellante en la causa, que solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que se ampliara (ya por quinta vez) el plazo para investigar, por un periodo de ocho meses, en consideración a la necesidad de realizar nuevas tomas de declaraciones en Chillán y a la necesidad de realizar levantamiento de informes patrimoniales de cuatro los querellados y otros funcionarios públicos, entre ellos el exconcejal de Chillán, Víctor Sepúlveda, a quien se le persigue por un presunto delito de cohecho, ya que según la acusación, mientras era edil de la comuna, habría recibido presuntamente un pago (no determinado) por parte del gerente general de la empresa ganadora de la licitación, Itelecom S.A.

De todas formas, algunas de las defensas de los imputados, no solo no se opusieron a la ampliación solicitada por el CDE, sino que incluso, en la misma audiencia pidieron plazos aún mayores, como es el caso de la firma que representa al principal implicado de la causa, el dueño de Itelecom, Marcelo Lefort. Pidieron dos años, lo que no fue acogido por el tribunal.

De esta manera, la próxima etapa procesal, es decir la preparación de juicio oral, estaría recién en condiciones de realizarse en el mes de febrero de 2023.

Piden separar la causa

La causa con el tiempo ha ido mostrando diversas líneas investigativas, diversos tipos de delitos con imputados que no necesariamente se conocían entre ellos, e incluso, con personas no naturales entre los imputados, como es el caso de la empresa Itelecom.

Con aristas en las municipalidades de Chillán, Negrete, y Coyahique, más el Ministerio de Energía, en Santiago, ya algunas voces han comenzado a insistir en la posibilidad de que el Ministerio Público pueda separar las causas y asignarles un rol distinto.

Uno de ellos es el abogado Juan Carlos Manríquez, quien expresó que “dada la envergadura de la causa y la agrupación que la fiscalía ha hecho de imputaciones diferentes a personas naturales y jurídicas distintas, pero que podrían ir a un mismo juicio oral, parece necesario este plazo para afinar la investigación y eventualmente separarla”.

Respecto a la extensión de la investigación, la causa suma cerca de 58 tomos, por lo que según el criterio del abogado que representa a el exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos, “de ir este paquete procesal completo a una sola audiencia de juicio oral este se avizora muy extenso”.

Esta idea se ha hecho patente en audiencias anteriores, lo que ha redundado en comentarios por parte de los intervinientes, que se estarían enfrentando a un juicio que podría extenderse por más de un semestre.

El abogado Guillermo Valdés, defensor del exconcejal Sepúlveda, añade que “hay quienes plantean que podría convertirse en el juicio más largo de la historia actual y lo negativo es que se tratarán aspectos diversos y que no atañen a todos los imputados, por eso yo también soy de la idea de que esta causa debiera separarse, ya que no todos los imputados, tampoco, están en condiciones de pasar más tiempo privados de libertad o en juicio, como es el caso de mi representado”.

Valdés explica que Víctor Sepúlveda representa un caso menor y que está imputado por algo de mucho menos gravedad que el resto de los imputados, y bajo una carga probatoria apenas indiciaria.

“Y el problema es que él no es ni empresario, ni abogado ni cuenta con los ingresos ni la situación económica que sí respaldan a los otros imputados, entonces si se entiende que él sólo es un maestro de la construcción, estos ocho meses sin trabajar han sido nefastos”.

Finalmente, respecto al nuevo plazo, desde el CDE dijeron a La Discusión que con esos ocho meses decretados por el tribunal, “se intentó equilibrar todos los intereses involucrados” y que “los delitos de lavado de activos ya están establecidos. Nosotros formulamos en el caso de la Municipalidad de Negrete una imputación por fraude al fisco, que esperamos poder demostrar con las diligencias que nos fueron concedidas”.

Felipe Ahumada

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