Señor Director:
Parte del descontento popular y crisis de legitimidad que enfrenta el país tiene su origen en que la ley en Chile reconoce y otorga derechos que, muchas veces en la práctica, no se aplican. Un ejemplo claro de ello es el tratamiento a las personas transgénero de nuestra sociedad. En el papel, la Ley 21.120 reconoce y da protección al derecho a la identidad de género; existen normas y circulares en las que se establecen principios básicos de los niños, niñas y adolescentes, como las medidas de apoyo que deben implementar las instituciones educativas para acogerles en razón a su expresión de género.
En la realidad, estos instructivos son desconocidos por el grueso de los centros educativos, por lo que su aplicación depende de la asesoría de fundaciones expertas en esta materia, como por ejemplo: Selenna. Los derechos existen y es deber del Estado -así como de todos y todas- respetarlos y promoverlos.
Es necesaria una supervigilancia en el cumplimiento de estas normas, así como la promoción, protección y difusión de toda medida que sea requerida implementar. En este momento en que a nivel nacional muchos grupos están comunicando a los convencionales constituyentes sus anhelos para la nueva carta magna, creo fundamental que esta Constitución que nos lidere, reconozca expresamente como derecho fundamental a la identidad y diversidad de género por ser parte integrante de la dignidad humana, y que además, establezca los mecanismos suficientes para asegurar su cumplimiento.
Maite Arauco
Abogada y académica UCEN
