Más de $330 mil millones invirtieron los gobiernos regionales en materia de seguridad pública entre 2021 y 2022, sin embargo, paradójicamente, no tienen ninguna atribución ni capacidad de decisión respecto de las políticas en esta materia en sus territorios.
Desde hace tiempo los gobernadores del país -reunidos en Agorechi- vienen pidiendo al Ejecutivo cambios en la ley, y en diciembre pasado presentaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, un informe con una decena de propuestas al respecto.
Entre ellas estaban el traspaso de facultades en materia de prevención del delito a los gobernadores y gobernadoras, y el apoyo a las víctimas.
Ambos puntos fueron comprometidos por el gobierno central, y se espera que la próxima semana se materialice un acuerdo que se traduzca en indicaciones al proyecto que crea el ministerio de Seguridad Pública, el cual ingresará en mayo al Parlamento.
Inversión en Ñuble
Producto del reciente asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, el mundo político se ha volcado hacia el trabajo legislativo para intentar resolver la crisis de seguridad.
Según el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, “este tema vuelve a ser el centro de la discusión, una materia sensible, y que habla de las falencias que tenemos tanto a nivel nacional como regional. Si bien no es un área que sea competencia directa de los gobiernos regionales, sin lugar a dudas es una preocupación y un compromiso para nosotros, y nos obliga a adoptar posición, sobre todo porque tenemos una colaboración activa en este ámbito”, aseveró.
La autoridad regional insistió en que “desde hace un tiempo, los gobernadores y gobernadoras hemos insistido en la necesidad de sellar un pacto sobre seguridad pública. Los gobiernos regionales estamos dispuestos a colaborar, y las cifras por lo demás así lo indican. De hecho, la inversión en Ñuble en materia de proyectos de seguridad supera los $11.500 millones, de los cuales casi el 60% se concentra en iniciativas para Carabineros de Ñuble. Hemos sumado esfuerzos para construir dos nuevos retenes, una tenencia, una subcomisaría de Carabineros, además del terreno y el diseño del cuartel policial de Investigaciones; está también la Escuela de Formación de Carabineros y la compra de vehículos y motocicletas, acciones que se centran en dar mayor seguridad a la región”, manifestó.
Crisóstomo agregó que el Gobierno Regional ha financiado también la adquisición de equipo informático especializado para la labor investigativa, equipos de unidades especializadas, casi $1.000 millones en iniciativas comunitarias en materia de prevención del delito (cámaras de seguridad, botones de pánico) en todas las comunas, etc.
“Con el fin de coordinar la inversión regional en seguridad y trabajar de la mano con las comunas, se creó el Centro Integral de Emergencias y Seguridad que lidera el exinspector de la PDI, Juan Carlos Carrasco, y cuyo objetivo es mejorar la protección y disminuir la sensación de inseguridad, interactuando por medio de él todos los servicios que tienen que ver con materias preventivas”, afirmó.
Poder de decisión
Agorechi ha sido clara con el Ejecutivo respecto que se deben traspasar competencias desde las delegaciones Presidenciales regionales, hasta los gobiernos regionales.
“Tenemos la expectativa de asumir nuevas competencias en seguridad porque conocemos la idiosincrasia y las necesidades que cada una de las regiones tiene, poniendo énfasis en la prevención del delito. Hemos insistido con el gobierno central, pero aquí necesitamos la voluntad de todos los actores políticos para tener un gran acuerdo en materia de seguridad, y con eso proteger de mejor manera a nuestras vecinas y vecinos. Los Gobiernos Regionales estamos disponibles, pero es poco comprensible que seamos los que estamos financiando gran parte de las necesidades públicas en seguridad y no tengamos ninguna decisión que tomar para cuidar a nuestros ciudadanos. Creemos que si estamos aportando económicamente, al menos deberíamos tener poder de decisión frente a temas tan sensibles como la seguridad pública en la región de Ñuble”, sentenció Óscar Crisóstomo.
