Por un nuevo periodo, la Sala del Senado prorrogó por 15 días más, el estado de excepción constitucional en la Región de La Araucanía y provincias de Biobío y Arauco.
La solicitud –aprobada por 24 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones- se fundamentó en “los hechos de violencia que se viven en esa zona y que continúan afectando el orden público, la vida y la integridad física de los habitantes y trabajadores de esas regiones”.
Desde el Ejecutivo, se señaló que el estado de excepción “ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, lo que ha permitido disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes”.
Entre los planteamientos expresados se señaló que el estado de excepción ha servido para disminuir los hechos de emergencia y que es una medida necesaria e indispensable para resguardar el orden público.
Desde la Sala también se solicitó a la ministra del Interior, Carolina Tohá que le fije urgencia a un proyecto originado en moción de los senadores Carmen Gloria Aravena, José García y Matías Walker, que establece como falta grave el uso de la huelga de hambre como medida de presión y que se agilice el trámite de proyectos en materia migratoria.
Asimismo, se planteó la posibilidad de involucrar a la provincia de Concepción en la medida de excepción y también a la Región de Los Ríos que también han tenido hechos de violencia.
En esa línea -y tal como ha sido una constante en las argumentaciones de estas solicitudes- se puso énfasis en la urgencia de avanzar en mejorar la situación que se vive en la macrozona norte, en materia de seguridad y migración.
Al respecto, se argumentó que, en esta parte del territorio nacional, “sí existe grave alteración al orden público”, y se abogó por más “tiempo para que no sigan matando a más personas”. Otros cuestionamientos estuvieron relacionados con “la eficacia real de la medida del estado de excepción” y se hizo notar un aumento de la violencia, especialmente, en las regiones aledañas y las zonas fronterizas en el norte del país que deben soportar una fuerte presión de la migración.
En tanto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá aseguró que “el Estado nunca ha descartado usar el estado de emergencia (…) Hemos visto que, en el norte, la mayor presencia de armas se vincula con la llegada de bandas criminales. En pandemia, el mercado del narcotráfico se expandió. Ambos factores confluyen hoy. Vamos a reforzar la frontera con más puntos de vigilancia con más cámaras térmicas”.
En lo legislativo, la secretaria de Estado adelantó que “vamos a ingresar indicaciones al proyecto de infraestructra crítica que busca proteger ésta con fuerza militar que incluirá la frontera y las rutas fronterizas. A esto se suma el proyecto que perfecciona la persecución del crimen organizado en general y la Política Nacional contra el Crimen Organizado que se dará a conocer esta semana”.
A la hora de hacer balances, se explicó que desde que asumió la presente administración, en la región de Los Ríos se han presentado 75 querellas y se ha dictado 15 condenas; en La Araucanía, 446 querellas y 118 condenas; y en el Bíobio, 336 querellas y 25 condenas.
