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Seguridad ¿pública?

Mauricio Ulloa

A la luz de las lamentables declaraciones de la general María Teresa Araya, jefe de la XVI Zona de Carabineros, citadas por el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, a propósito de la ola de robos que está afectando a locales del comercio, una conclusión lógica es que hoy, la seguridad es cada vez menos un derecho y se acerca más a un intangible de valor económico que se debe ir a buscar al sector privado.

Frente a las quejas de los empresarios del comercio por una seguidilla de robos, lo que ha sido reafirmado por concejales, el jefe comunal declaró que la autoridad policial le manifestó que “la responsabilidad es de los locatarios. Lo dijo la general: no tienen alarmas, no han instalado seguridad, no se han capacitado, no han hecho inversiones en seguridad, por lo tanto, me dijo que ella no se podía hacer responsable de una negligencia del mismo comercio”.

Asimismo, la jefe de la XVI Zona de Carabineros habría reiterado que la institución no cuenta con el contingente de funcionarios suficiente para atender la demanda diaria por parte de la ciudadanía.

Joyerías, pubs y restaurantes, e incluso las floristas del cementerio, han denunciado robos en los últimos días, y una crítica se repite: la falta de vigilancia policial.

Las afirmaciones de la general, sin embargo, lejos de contribuir a buscar acuerdos, llevan a recordar aquellas clásicas frases que culpaban a las víctimas de violación por el delito sufrido, como si caminar sola por la calle durante la noche fuera la causa.

Por eso la molestia del gremio del comercio, cuyo presidente, Alejandro Lama, si bien reconoció que no todos los locatarios cuentan con medidas de seguridad, planteó que la respuesta de la jefa policial no los dejó conformes. De hecho, el líder gremial afirmó que, bajo esa lógica, las personas que son víctimas de robos en la calle durante la noche y que deciden hacer la denuncia, podrían escuchar en la comisaría que la culpa es de ellos, por no quedarse en casa. Afortunadamente, hay carabineros con sentido común que, lejos de culparlo, tratan de brindar contención al denunciante, porque entienden que la seguridad pública es una función exclusiva de las policías, independiente de que existan empresas del rubro que son un apoyo a esa labor.

En ese contexto, no debiera sorprender el auge del mercado de la seguridad, con el surgimiento de nuevas empresas, y cuyo éxito responde precisamente al fracaso de la acción del Estado. La incapacidad de las fuerzas policiales de atender la demanda ha derivado en soluciones privadas que, en la práctica, han ampliado la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no.

Es cierto que la misión policial tiene como prioridad resguardar la integridad de las personas por sobre los bienes materiales, pero también es cierto que las pymes han sufrido mucho con la crisis y no todas pueden pagar un servicio de vigilancia, y que aún con todo en contra no dejaron de pagar impuestos, los mismos que permiten financiar el funcionamiento de Carabineros.

Es de esperar que, en el futuro próximo, en vez de escuchar a una autoridad policial lavarse las manos frente al incremento de la actividad delictual, seamos testigos de un trabajo colaborativo entre el mundo público y el privado, donde cada actor asuma sus respectivas responsabilidades.

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