Resulta necesario y urgente que la Corte de Apelaciones de Chillán cuente con una segunda sala. Lo admitió la semana pasada el ministro visitador de la Corte Suprema, magistrado Diego Simpertegui, después de reunirse con representantes del tribunal de alzada, cuya dotación de jueces es la misma que cuando se creó, hace 85 años.
Parece increíble, pero es la realidad. Ni la Región de Ñuble fue capaz de saldar esta deuda con la administración de justicia, pese a que el desfase es evidente. Cuando fue creada la Corte de Apelaciones, en 1937, la población regional no superaba las 50 mil personas; hoy en cambio viven en Ñuble casi 500 mil personas, pero los magistrados encargados de impartir justicia de segunda instancia siguen siendo cuatro.
Según estadísticas del Poder Judicial, en 11 años, el número de causas ingresadas a la Corte local aumentaron en más de 70%: pasaron de 1.431 en 2010 a 5.344 en 2021. Detrás de ese explosivo incremento mucho contribuyó la judicialización de los contratos de las aseguradoras privadas de salud con sus afiliados, aunque no es el único factor a considerar en este fenómeno, puesto que también influyen la implementación de la tramitación electrónica y un mayor conocimiento de la ciudadanía respecto de las acciones que puede presentar en la Corte.
Igualmente, la creación de la Región de Ñuble significó para la corte chillaneja asumir nuevas responsabilidades, como conocer causas tributarias que antes se veían en Concepción, así como también la justicia electoral, además de otras reclamaciones. A modo de comparación, otras sedes regionales de similar tamaño a Chillán cuentan con tribunales de alzada mucho más grandes: en Talca y Rancagua hay tres salas, Valdivia y La Serena tienen dos.
Lo anterior, también parece ser un tema angular, mirado desde la perspectiva del ciudadano, que naturalmente aspira a niveles crecientes de transparencia de la función de justicia, a procesos más expeditos y a menores tiempos de respuesta para la solución de los conflictos jurídicos. Ya sabemos que la extensión en el tiempo solo favorece a quienes están en posición de soportar el costo económico que significa la demora en un dictamen judicial, además de las implicancias emocionales para las víctimas.
En la última década, han abundado las declaraciones bienintencionadas de autoridades y parlamentarios para aumentar a dos el número de salas del tribunal, pero han carecido de compromiso y voluntad política. De hecho, no existido hasta la fecha una iniciativa formal que apunte a dicho objetivo, desperdiciando, de paso, la oportunidad que brindó el proyecto de ley que creó la nueva región y que pudo haber incluido esta iniciativa.
Contar con una segunda sala, a estas alturas, no tiene nada de caprichoso. Es evidente que el número de causas que tramita la Corte de Apelaciones de Chillán es excesivo para una sola sala.
La Región se merece una justicia eficiente, que responda a los requerimientos de sus habitantes con celeridad y en condiciones adecuadas, por ello, el llamado al Ejecutivo y a legisladores es a trabajar para que este anhelo se convierta en realidad cuanto antes.
