El convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, renunciado en los hechos pero no formalmente, se resiste a entregar sus fichas clínicas al Ministerio Público, en el marco de la investigación por el delito de perjurio, debido al presunto falseamiento de su declaración patrimonial, en la que había incluido una millonaria deuda por supuestos tratamientos de cáncer, enfermedad que nunca padeció.
Ante la negación a entregar los antecedentes médico y a proporcionar su firma para levantar el secreto bancario, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó autorización judicial para acceder a ambas informaciones.
El Séptimo de Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la incautación de las fichas clínicas, en tanto que citó a una audiencia para revisar el alzamiento del secreto bancario. Ante ello, el abogado defensor de Rojas Vade, Tomás Ramírez, ingresó un escrito ante el tribunal para pedir que la pertinencia de la primera diligencia también se discuta en una audiencia.
Según publica La Tercera, el jurista sostiene que “el Ministerio Público no ha justificado por qué se vinculan directamente las fichas clínicas a los hechos investigados, pues no se trata de la controversia acerca de si tiene o no cáncer, pues ha reconocido que no es efectivo y además entregamos voluntariamente las epicrisis que dan cuenta de sus diagnósticos reales”.
“Que Rodrigo Rojas Vade no tenga o haya tenido cáncer se acredita no solo por sus dichos, sino que por la documentación ya entregada, y afectar aún más su intimidad no tiene ninguna vinculación a los hechos investigados. La afirmación falsa no es constitutiva de delito, por lo que si la ficha clínica da cuenta o no que se sometió́ a quimioterapia, no tiene ningún efecto. No se investiga si fue sometido a quimioterapia, pues se acreditó que es falso: la tesis de esta defensa es que haberlo declarado no constituye perjurio”, expone.
Asimismo, compara que “resulta paradójico que se discuta en audiencia la afectación de la intimidad de una persona en el ámbito bancario, pero no en el ámbito de la salud, donde se protege por varias normas y tiene un nivel de afectación más intenso”, afirmando que, en ese marco, “en ambos casos corresponde discutir la afectación (lícita) de la vida privada del imputado”.
Ante los argumentos de la defensa, el juez Mario Cayul resolvió citar a una audiencia para el 7 de diciembre, instancia en la cual finalmente se discutirá la autorización de ambas diligencias.
