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¿Proceso constitucional en buenas manos?

Como respuesta a la aguda crisis de confianza ciudadana en las instituciones y sus representantes, después del estallido social de 2019 se generó un consenso sobre un supuesto nuevo rol de la sociedad civil en representación de los intereses colectivos, que en nuestro ordenamiento son definidos en el Poder Legislativo, instrumentados en el Poder Ejecutivo y controlados desde el Poder Judicial.

Consecuentemente, el discurso que la clase política asumió fue que esta empoderada sociedad civil debía tener un mayor protagonismo. Sincero o no ese discurso, la apuesta que se hizo sobre esa abstracción que llamamos sociedad civil fue muy grande, como también lo fue la oportunidad para cambiar el curso de nuestra democracia.

Lamentablemente, su representación en la Convención Constituyente se impregnó de un ánimo revolucionario extremo, y de una pasión refundacional que alejó a la centro-izquierda, y excluyó a los representantes de la derecha y de sectores más moderados de la redacción del texto que propusieron al país. El resultado del 4 de septiembre mostró que la ciudadanía chilena ya no está para “grandes experimentos” ideológicos y, por lo categórico y masivo, marcó un cambio relevante en el orden político, e hizo que el Congreso y los depreciados partidos políticos tomaran el control de la continuidad del proceso constituyente, con la misión de ofrecer un camino que encauce la nueva discusión constitucional.

Hoy tenemos dos certezas: primero, que a una mayoría significativa no le gusta la actual Constitución. Y, segundo, que el borrador propuesto tampoco gustó a la ciudadanía. Ese es el piso para hallar un acuerdo y elaborar un nuevo texto constitucional que tenga una legitimidad de origen, pero que también interprete y represente a una mayoría significativa de los chilenos y chilenas.

Una tarea compleja para colectividades que, pese a su protagonismo, siguen teniendo un paupérrimo respaldo y confianza por parte de la ciudadanía, según diferentes encuestas de opinión.

Hasta ahora, a dos meses del plebiscito, el escenario no es muy alentador. Un sector de la derecha se mantiene atrincherado en una lógica de rechazo permanente, mientras otros están disponibles para avanzar, pero ponen tantas condiciones o “bordes” al nuevo proceso de discusión constitucional que, prácticamente, han proscrito la idea de transformaciones políticas y sociales.

La Democracia Cristiana, en tanto, tiene su propia crisis de convivencia interna y definiciones políticas, mientras que en el PPD y el PRSD se está comenzando a producir una creciente fuga de figuras que no se sienten cómodas en una coalición de izquierda.

En resumen, estamos en un momento muy complicado, con sectores que solo esperan sacar réditos de esta coyuntura y siguen operando con una concepción oligárquica de la política y de la representación de las demandas ciudadanas por una nueva Constitución. Más moderada que la redactada por la Convención, pero una nueva al fin, no más la gestada en la dictadura de Pinochet.

Seamos claros: los partidos políticos hoy están llamados a encauzar un debate ineludible para el país, pero no tienen la suficiente licencia social para tomar decisiones en nombre de los ciudadanos.

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