El exjuez español Baltasar Garzón junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), a la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), denunciaron ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, para que inicie una investigación en contra el Presidente Sebastián Piñera por su presunta participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad, ocurridos desde el estallido social.
En la acusación también se incluye a los generales directores de Carabineros y sus altos mandos, a los ministros del Interior y Seguridad Pública, a los ministros de Defensa Nacional y a los respectivos subsecretarios, que han estado en dichos cargos desde octubre de 2019 hasta abril de 2021.
“Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, dijo la comisión a través de un comunicado.
“En efecto, los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009”, agregó.
Críticas a la justicia y al Ministerio Público
La comisión también anunció en el comunicado que “hemos tenido especialmente presente, la asimétrica respuesta de los Tribunales de Justicia de Chile, que se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde octubre de 2019 a la fecha”.
