El Presidente Sebastián Piñera declaró ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por una querella que le sigue por eventuales delitos de lesa humanidad contra la población en medio de la ola de protestas de 2019.
La información fue revelada por radio Cooperativa que pudo confirmar la diligencia con el Ministerio Público.
Según la emisora, la persecutora ya había tomado declaración a la mayoría de los denunciados en este caso, que incluye a funcionarios del Ministerio del Interior y también del Alto Mando de Carabineros. Pero faltaba esta última diligencia que involucra al Mandatario.
Fuentes citadas por Cooperativa confirmaron que este semana Piñera prestó declaración en su casa, acompañado del abogado Samuel Donoso.
El miércoles, se conoció que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó a la fiscal para que citara a declarar, “cuantas veces sea necesario”, al Presidente.
Según se explicó en la solicitud gestionada por Perivancich ante el tribunal, “en el marco de la referida investigación los querellantes han solicitado la citación a declarar, entre otras personas, de S.E. el Presidente de la República. El Ministerio Público ha accedido a tal diligencia por estimarse pertinente y necesaria para el esclarecimiento de los hechos, como se comprende de la sola lectura de las querellas, de las normas de la Ley 20.357, demás normas citadas”.
“Resulta necesario indagar si en los hechos se dan o no los supuestos normativos del tipo penal descrito en los artículos 1 y 2 de la Ley 20.357. En particular la existencia de un ‘ataque generalizado o sistemático contra una población civil’ que ‘responda a una política de Estado o sus agentes…’”, agregó el documento.
Involucrados
Respecto de los involucrados en el caso que se investiga, el texto indicó que el orden público estuvo a cargo del Ejército en el marco de la vigencia del estado de excepción constitucional decretada por Piñera y que, cuando quedó sin efecto, este “volvió a ser ejercido por Carabineros de Chile”, cuerpo policial que depende de Interior, el que se define como “colaborador director e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior”.
Finalmente, la fiscal argumentó que le corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación para determinar “la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado”, realizando las diligencias necesarias y pertinentes para ello. Además, señaló que para “materializar la citación del Presidente de la República se requiere cumplir con ciertas exigencias procesales que emanan del análisis conjunto de los artículos 23, 300 y 301 del Código Penal”.
