La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, visitó la región de Ñuble, ocasión en la que se reunió con el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, y el delegado Presidencial, Claudio Ferrada, además de compartir con dirigentes gremiales del territorio.
La autoridad del órgano constituyente destacó el apoyo recibido por la Asociación de Gobernadores regionales, y recordó la importancia de llegar con información veraz a la ciudadanía en esta última etapa del proceso.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]– ¿Cómo ha afectado la difusión de noticias falsas al proceso y a la convivencia al interior de la Convención? Recientemente, el convencional por Ñuble, Martín Arrau, fue sancionado por segunda vez por el comité de Ética de la Convención, por “transgredir el principio de veracidad”…
– La desinformación es propia de esta era, y lamentablemente, muchas veces no tenemos la capacidad de discernir qué es verdadero y qué es falso. Eso nos plantea un desafío enorme como sociedad. Claramente la desinformación le hace un daño tremendo a la democracia, porque confunde a la población, y ese voto finalmente no es informado. Nuestro mandato termina el 4 de julio, después, deberán ser los ciudadanos quienes se responsabilicen y se informen, al igual que el Estado, le hemos pedido al gobierno que lidere la información objetiva al país.
– Esta semana se votan las normas transitorias. ¿Existe acuerdo para aprobar en el Pleno los 4/7 para las futuras reformas, y poner fin al Senado en 2026?
– Están discutiendo aún, yo no participé en esa comisión, por lo que no podría comentar cómo fue la discusión. La propuesta se votará mañana (hoy), solo entonces podremos entregar certezas si serán 4/7, 3/5 ó plebiscitos, porque nos ha pasado que las discusiones de comisión son rechazadas en el Pleno. Respecto del fin del Senado, si no hay acuerdo, la norma quedaría fuera, es decir, el Senado continuaría más allá de 2026.
– ¿Existe una “tercera vía” previa al plebiscito de salida, como lo han planteado la derecha y sectores conservadores de la centro izquierda?
– Éste es un tema que se ha venido instalando desde enero. Desde la Convención nuestro mandato ha sido claro. Democráticamente la gente se pronunció, queríamos cambiar la Constitución mediante un órgano elegido, no un congreso ni mixto. Hubo una elección democrática, y las reglas fueron muy claras, hemos respetado el plazo de un año, nos hemos sacado la mugre en buen chileno, respetamos los 2/3, y se establecieron dos salidas: Apruebo y Rechazo. Creo que le hacen mal a la democracia estos cambios de última hora, y fue la Comisión de Venecia la que no recomendó cambiar las condiciones a última hora. Las reglas están claras: es Apruebo o Rechazo.
– ¿Por qué se decidió no invitar a los expresidentes de la República al acto del 4 de julio?
– Enfrentaremos un plebiscito en pandemia y siempre hemos tenido problemas de aforo. La verdad es que tenemos a un montón de gente al interior de la Convención que ha estado apoyando día y noche el proceso, y con un aforo reducido de 20 personas, pensando que somos 700, no podíamos dejar fuera a secretarios y secretarias que han estado de madrugada colaborando. Decidimos darle prioridad a quienes han estado acompañando el proceso en terreno, es más, tendremos que invitar a solo un representante de los gobernadores y a otro de los alcaldes. Independiente que la gente quiera o no creer, tenemos problemas de aforo.
– ¿No hay un trasfondo político?
– No. Principalmente, es un tema técnico, de capacidad y de respeto hacia quienes han estado participando del proceso.
– ¿Qué le parece que Michelle Bachelet haya anunciado su retorno a Chile poco antes del plebiscito?
– Eso es política contingente, nuestro mandato es acotado y trabajar por el futuro. Sobre todo lo que pase de política contingente no nos corresponde pronunciarnos, porque no contribuye a nuestro trabajo.
Ir a la raíz del problema
Uno de los puntos del nuevo texto constitucional que más controversia ha generado ha sido el del carácter plurinacional del Estado, cuestión que si bien ha sido insistentemente aclarada por los convencionales en torno a que no significa la división del país, ha generado desinformación.
– ¿Cómo podría esta nueva forma de concebir al Estado ayudar a terminar con la violencia en la macrozona sur?
– Es ir a la raíz del problema, que es el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos que pueden optar en igualdad de condiciones a los distintos derechos, porque actualmente, pertenecen a los grupos que han estado históricamente excluidos y no han estado en el mismo nivel del resto para el ejercicio pleno de sus derechos. Al proponer metodología para catastrar tierras, una política mucho más potente para ese reconocimiento, se irá subsanando el problema de a poco. Creo que la propuesta constitucional va en esa línea, de poder resolver los problemas estructurales que mantienen el conflicto aún vivo.
– Se cuestiona que garantizar los derechos fundamentales en la propuesta constitucional no es sinónimo de esto se plasme en la realidad. ¿Es viable la nueva Constitución?
– Hay harta caricatura respecto de que el Estado, tal como está ahora, no va poder resolver los problemas, y eso es cierto. Hay que fortalecer al Estado, tenemos que pasar de este Estado subsidiario, que poco y nada se mete en los derechos sociales, a uno fortalecido, social y democrático de derechos, robusto, y por eso se han dado atribuciones y mayor autonomía a las regiones, para fortalecer a los territorios, que puedan, por ejemplo, crear empresas públicas e incidir en la economía nacional y no dejar todo a la regulación del mercado, que sabemos que genera externalidades que nunca se han hecho cargo de los derechos sociales. El mandato es hacer esto, pero de manera gradual, no será en uno o dos años.
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