Luego de que la empresa Agrícola y Frutícola Veneto presentara un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional para suspender el proceso que se encuentra en el Tercer Tribunal de Valdivia y desconocer las atribuciones de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para concretar la sanción de clausura, los vecinos del sector Bustamante de Coihueco interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán. La acción judicial busca que “se ordene a los recurridos acatar y dar cumplimiento oportuno y efectivo al programa de cierre establecido por la SMA con miras a dar cumplimiento a la sanción”.
El plazo que la Superintendencia dio a la empresa, se cumplió el 15 de marzo pasado. El abogado que representa a los vecinos, Ricardo Frez, destacó que “lo que se busca es solicitar que la Corte de Apelaciones pueda intervenir y ordenar incluso el uso de la fuerza pública para el cierre del plantel de cerdos, que es lo que se debió haber hecho desde un inicio ante la negativa de este tipo de empresas de implementar y dar cumplimiento a las sanciones que la autoridad ambiental establece”.
Frez enfatizó que “el plantel de cerdos Santa Josefina se ha negado sistemáticamente interponiendo recursos de protección ante esta misma Corte. Actualmente están en la Corte Suprema discutiendo formalidades que no entregan justificación para la negativa del cierre. Han obligado a los vecinos también a hacerse parte de acciones. El plantel de cerdos de mala fe ha utilizado las herramientas y los instrumentos legales para dilatar la aplicación de una sanción que debió ser cumplida hace más de un año”.
El abogado agregó que “estamos a la espera del fallo del Tribunal Ambiental. La empresa en el TC solicitó la suspensión del procedimiento en el Tribunal Ambiental, pero eso todavía no se concreta, por lo cual nosotros además de la concreción de clausura esperamos se dicte la resolución rechazando la reclamación que ellos han presentado. La sanción de clausura sigue plenamente vigente”.
Rosa Saldías, vecina del sector, que agrupa alrededor de 300 familias, sostuvo que “otra vez nos vimos obligados a presentar una acción debido a lo que se interpuso en el Tribunal Constitucional. La comunidad desde 2005 que empezó a levantar denuncias y reclamos a la autoridad del mal funcionamiento de este plantel. Tenemos un estudio de la SMA del nivel de contaminación de las napas subterráneas”.
Gestiones con la SMA
La diputada Loreto Carvajal (PPD), vicepresidenta de la Cámara de Diputados, acompañó a los vecinos en la presentación del recurso. La parlamentaria anunció que “nos vamos a coordinar con el abogado para visitar al superintendente de Medio Ambiente y que se ejecute el cierre. El martes en la tarde voy a estar en la oficina de la Superintendencia abogando por esto, y en lo posible también con la ministra de Medio Ambiente”.
Carvajal criticó que “aquí hay una inacción por parte de las autoridades regionales. Nosotros quisiéramos ver al seremi de Medio Ambiente. La vulneración en la Región de Ñuble del entorno medioambiental es brutal”.
Y agregó que “lo que está haciendo la empresa es usar todos los subterfugios legales para no acatar las órdenes administrativas. No nos podemos quedar con el desacato, el Estado no ejerce las acciones correspondientes respecto a órdenes que emanan de instituciones que han decretado el cierre del plantel. A través de la Cámara de Diputados vamos a solicitar los informes y un diagnóstico tanto del Ministerio de Medio Ambiente como a otros, de por qué no se han ejecutado todas las sanciones”.
