En septiembre pasado, el Servicio Agrícola y ganadero (SAG), presentó una denuncia en el Ministerio Público de Chillán, en la que se individualizaba a un agricultor del sector de Tres Esquinas de Cato, por la muerte de loros choroy a los que disparó, pese a tratarse de una especie protegida por ley en todo el territorio nacional.
Pese a lo anterior, y a que Carabineros certificó en el parte de detención que el autor de los disparos -quien se encontraba en estado de ebriedad- ocupó una escopeta que no se encontraba regularizada, el imputado quedó en libertad, sin pasar a control de detención, por lo que no fue siquiera formalizado.
Por tal razón, el activista pro defensa animal, Gary Parra, envió los antecedentes del caso a la Fundación Abogados Por Los Animales (APLA), de Santiago, quienes presentaron la semana pasada una querella en contra del imputado J.A.S.V., y el lunes reciente fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Chillán, oficiándose de esta manera una orden para que se inicie una investigación fiscal de la causa.
El abogado José Binfa, de la fundación APLA, explicó que en la querella se imputan tres delitos.
“Estamos imputando maltrato animal, porque causar la muerte de un animal en forma injustificada es delito, lo que tiene penas asociadas de presidio menor en su grado medio, y multas de 20 a 30 UTM, además de la inhabilitaciónabsoluta para la tenencia de animales”.
Los otros dos delitos son cazar sin licencia y en sectores no habilitados para esta actividad, y la de mayor rango de penas de todas, tenencia ilegal de armas.
Y dado que está vinculado a la ley de caza, es el SAG la que debe presentar acciones sancionatorias “y por eso muchas veces queda en stand by la arista penal, pero lo que nosotros buscamos ahora con esta querella es que sea el Ministerio Público quien inicie una investigación, y que no quede como causa archivada, ya que una de los objetivos de esta querella es que se esclarezcan los hechos y, además, conocer cómo fue el actuar de Carabineros tras esta denuncia”, plantea el abogado.
Cazadores furtivos
El activista Gary Parra dice que “lo que esperamos de esta querella es que se formalice al responsable por la muerte de estos loritos, se llegue a una condena que sea ejemplificadora para todos los cazadores furtivos que les disparan sin conciencia alguna a aves en peligro de extinción, a mamíferos protegidos por la ley, y todo porque saben que casi nunca se les persigue penalmente, que la Fiscalía prefiere archivar este tipo de causas y así nunca les pasa nada”.
Originalmente, la causa ingresada por el SAG al Ministerio Público quedó asignada al fiscal Florentino Bobadilla.
