Los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, llamaron al Gobierno y al Ministerio de Energía a tramitar con la mayor urgencia posible el proyecto de ley que se anunció hace casi dos meses y que tiene por objetivo mejorar el actual subsidio eléctrico, considerando que las cuentas de la luz volverán a subir durante el mes de octubre.
Al respecto, cabe recordar que ambos parlamentarios venían advirtiendo desde principios de junio que las tarifas eléctricas al mes siguiente iban a aumentar entre un 30 y un 40% en la zona, afectando de esta manera no sólo a las familias de clase media, sino que también a las pymes y emprendedores.
Por lo mismo, tras exigir al Gobierno que mejoraran el subsidio eléctrico aprobado por el Congreso, puesto que en un principio sólo iba a beneficiar a las familias que estuvieran dentro del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares -siempre y cuando no registraran ninguna deuda-, las autoridades finalmente accedieron a presentar una nueva iniciativa para triplicar la cobertura, la que si bien fue anunciada durante
“Tal como lo advertimos meses atrás, las cuentas de la luz en la región y en todo el país subieron considerablemente durante el mes de julio e, incluso, un poco antes. Y estamos hablando de alzas que, en promedio, llegaron al 30% en Ñuble, pero que en algunos casos fueron mucho más altas, afectando a miles de familias de clase media, como también a emprendedores, comerciantes o, por ejemplo, a quienes son pacientes electrodependientes o con hospitalización domiciliaria. Por eso es que le insistimos al Gobierno que mejoraran el subsidio que habían propuesto en un comienzo. Sin embargo, a pesar de que anunciaron una mejora con la que -esta vez- iban a beneficiar a cerca de 10 millones de personas, el proyecto aún no es despachado”, advirtieron los parlamentarios UDI.
En esa línea, la preocupación
Producto de lo anterior, los representantes de Ñuble calificaron como “urgente” la aprobación del nuevo subsidio eléctrico, el que además -a juicio de ellos- debería considerar un aporte mayor de recursos públicos y no que exista una distribución entre los mismos clientes, como está propuesto.