Concejales de Chillán pidieron a la municipalidad que interceda ante entidades de justicia y policiales en favor de personas que utilizan aceite de cannabis sativa o cannabiol para combatir dolores crónicos y problemas asociado a diversas enfermedades y patologías.
El tema fue abordado este lunes luego de que en el marco de la Comisión Salud del Concejo fuera abordado el tema justamente a instancias de vecinos que cultivan cannabis para uso medicinal.
Los pacientes y sus familiares se han visto afectados por la acción de entidades policiales que han requisado las plantas, lo cual les ha traído problemas con la justicia, relató el concejal Jorge Vaccaro Collao, quien preside la referida comisión.
Vaccaro, informó durante la sesión, que integrantes o asociados a la Fundación Daya, han tenido problemas con allanamientos por denuncias de vecinos, lo cual ha afectado a “padres y personas afectadas con enfermedades de carácter catastrófico y cuyo único alivio es el consumo del elemento que tiene como base fundamental cannabis”.
Durante la ocasión, la directora de Salud municipal, Ximena Meyer, recordó que el año 2015 la Fundación Daya se acercó al municipio para promover el uso del cannabis como terapia complementaria en apoyo a las personas que tienen enfermedades con dolores permanentes, pacientes oncológicos y pacientes con epilepsia refractaría, con el fin de entregar una mejor calidad de vida.
Ese organismo privado, relató Meyer, invitó a 20 municipios del país “a participar de un proyecto que tenía como finalidad la siembra de una cantidad importante de cannabis, con el propósito de que la cosecha se pudiera entregar al laboratorio Knop para generar un fármaco llamado Cannabiol”.
Finalmente, 15 municipios se adhirieron al proyecto entregando financiamiento para el cultivo en un predio en la Séptima Región con todos los permisos que se necesitaban. Chillán entregó una subvención de unos $40.000.000 para favorecer a 200 pacientes locales.
En el caso de Chillán, Daya, apoya a una organización llamada Madres Cultivadoras de pacientes de la Fundación, quienes cultivan en sus casas plantas de marihuana y junto con ello, elaboran aceite cuyo uso estaría avalado por especialistas.
El problema estaría en que actualmente la legislación nacional no permite que la gente cultive plantas de marihuana a pesar de que tenga fines terapéuticos.
Durante la reunión, personal de Carabineros explicó que efectivamente la ley 20.000, es bien clara en que el cultivo está penado por el Estado. A pesar de ello, se habrían hecho excepciones con la previa autorización del Ministerio de Salud, pero para casos de enfermedades terminales.
Tratos inhumanos
La concejala Yanina Contreras, planteó que lamentablemente, “se han realizado allanamientos a personas que pertenecen a Fundación Daya y de manera reiterada, a pesar de que ellos tienen ese documento que los acredita como pacientes”.
Los procedimientos de allanamiento, sostiene, han sido “muy violentos y agresivos”. “He sido testigo cómo quedan las viviendas, pero voy al caso de la inhumanidad con el trato a estos pacientes con enfermedades terminales”, destacó la concejala durante la reunión de comisión según el acta.
En tanto, desde la policía uniformada, se explicó que “cuando carabineros procede a un allanamiento siempre es emanado por un tribunal, un juez de garantía da la orden para ingresar a domicilio, nosotros legalmente tenemos que tener esa orden que nos permite ingresar y revisar el domicilio. En cada allanamiento va en cooperación con el GOPE, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley”.
Jorge Vaccaro, mencionó que “a mi parecer la manera sería establecer algún vínculo con Fiscalía para que ellos en el momento de emanar la orden tengan esa consideración y tengan a priori la información de parte del Ministerio de Salud, respecto de que esas personas tienen un grado de excepción y no van a considerarse un peligro para las personas que tienen que hacer el procedimiento”.
Vaccaro, subrayó que espera que el gobierno comunal solicite al Servicio de Salud Ñuble, “certificar al médico tratante de la fundación Daya para dar seguridad y respaldo a los pacientes y a la vez notificar a la Fiscalía o tribunales para que tengan conocimiento de los pacientes atendidos con Canabiol y así salvaguardar la integridad del grupo familiar y paciente”.
