Señor Director:
La reforma constitucional anunciada por el jefe de gabinete y esposo de la diputada Pamela Jiles , que busca permitir un tercer retiro de ahorros previsionales, además de ser irresponsable técnica y políticamente, da cuenta del aprovechamiento electoral que esconden estos proyectos.
Los retiros anticipados, sin reposición, dificultan profundamente la posibilidad de satisfacer la demanda por mejores pensiones. Con los primeros dos retiros, el monto total de pagos ascenderá a US$36.000 millones, cuatro millones de personas dejarán de tener ahorros en sus cuentas, y, para cubrir el pago de pensiones solidarias, el Estado deberá asumir un costo de US$6.600 millones. De aprobarse un tercero, es evidente que se requerirá definir un mecanismo que cubra la pérdida que ha sufrido el sistema.
Al pasar a llevar la división de poderes, el proyecto constituye otro mal precedente para la institucionalidad democrática y su estabilidad.
Adicionalmente, el hecho de que la iniciativa hubiese sido anunciada por un familiar de la diputada, refuerza la hipótesis que sostiene que estas medidas no son presentadas en miras al bien común, sino al particular. El problema, claro está, es que no serán ellos quienes asuman los costos de su campaña política, sino la ciudadanía. Esperemos que los sectores moderados alcen la voz y se opongan a la propuesta.
Alfonso España
Investigador de Horizontal
