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Pactos territoriales para atraer inversiones

El pacto territorial es un instrumento de concertación de todas las fuerzas económicas y sociales presentes en el ámbito local. Este se utiliza con el fin de dirigir los esfuerzos para la realización de objetivos comunes. La herramienta considera la programación negociada de la ejecución de la cartera de proyectos entre el inversionista, las comunidades y el gobierno local.

Veamos la lógica económica que hay detrás de este análisis.

Las inversiones territoriales producen externalidades que afectan a la comunidad. Usualmente, dichas externalidades, han intentado ser corregidas a través de impuestos. Empero, la complejidad que subyace sobre el diseño de los gravámenes ha significado abrir nuevos focos de ineficiencia. Adicionalmente, considerando el actual criterio para la distribución de la recaudación fiscal chilena, cada peso por concepto de impuestos se ingresa al presupuesto general de la nación. En este escenario, la recaudación que resulta del diseño impositivo para corregir la presencia de externalidades, en los hechos, no siempre se utiliza para dicho fin.

Las externalidades que subyacen sobre la inversión privada, en la mayoría de los casos, se ha constituido en el origen del conflicto social. En efecto, las comunidades suelen mostrar un fuerte rechazo a las inversiones que se proyectan o materializan en su entorno, alimentando los conflictos entre los proyectos inmobiliario, energético y/o forestal con las comunidades vecinas involucradas.

En el sector inmobiliario, los conflictos con vecinos frenan cuantiosas inversiones. El 60% de las inversiones en el sector energía presentan algún grado de conflicto con la comunidad. En el caso del sector forestal, el tiempo promedio legal de trámite en materia ambiental supera en 3 a 1 al tiempo promedio legal de evaluación.

Es decir, Chile es uno de los países de la OCDE con mayor predisposición hacia el conflicto social entre las inversiones productivas y la comunidad. Los sectores económicos inmobiliario, energético y forestal están en el epicentro de la actividad económica de la región de Ñuble y son justamente los que presentan las mayores externalidades. En este sentido, de acuerdo con antecedentes registrados por la Corporación de Bienes de Capital, el 90% de la cartera de proyectos privados con estudio de impacto ambiental en etapa de revisión corresponden a los sectores energético e inmobiliario, con inversiones millonarias.

Frente a esta realidad, adquiere una fuerte significancia el generar pactos sociales para materializar las inversiones. Con el involucramiento de los actores público, privado y de relevancia social, se van a poder alinear los intereses entre las partes para acometer la cartera de proyectos. Uno de los mecanismos que ha mostrado mayor efectividad, son los pactos que establecen participación accionaria preferente de la comunidad organizada. En muchos casos, dicha participación se perfecciona cuando el estatuto de las unidades productivas instaladas en su entorno, otorgan el derecho a la comunidad para ser parte del directorio.

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