Con el tiempo, el centralismo ha pasado a ser una problemática que ha ido mucho más allá de lo evidente en la relación Santiago–Regiones. Actualmente, vemos que dicha problemática ya está inserta, además, en lo intrarregional e intraprovincial. La distribución de los recursos fiscales en cada una de nuestras comunas es una muestra clara de la concentración política, administrativa y económica en la capital de Ñuble.
En efecto, durante los últimos 10 años, la mayor partida de recursos vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se los adjudicó Chillán. Como es obvio, hay condicionantes demográficas que incidieron en ello, pero también hay otros factores que explican una gran asimetría en la repartición. Lo mismo pasa con la inversión sectorial, es decir aquellas que realizan directamente los ministerios. Pero además, se observa una importante disparidad en cifras de pobreza y acceso a servicios de salud y educación, donde Chillán también concentra la mejor oferta.
La Región de Ñuble debía minimizar ese desequilibrio, no obstante, aquello no ocurrió y la razón es que no cambiaron los modelos de gestión de las políticas públicas locales. Esto es muy importante, porque nunca fue la idea crear una nueva región que reprodujera las mismas inequidades que tanto criticamos y que dieron origen a la región. Por el contrario, la expectativa era que se sustituyera el enfoque tradicional del desarrollo (centralizado, vertical, autoritario) por un enfoque sistémico y territorial, que implica entender que el desarrollo humano y productivo no se produce en el vacío, sino que en un espacio territorial.
Lo anterior significa pensar y construir el desarrollo y organizar la oferta pública desde las aspiraciones, oportunidades y capacidades diferenciadas de las comunidades locales. Asimismo, significa integrar y articular los diferentes servicios, recursos e instrumentos públicos, con enfoque territorial entre los niveles comunal y regional, como se propone con el Estado Regional, en el borrador de la nueva Constitución.
El conjunto de instituciones que considera el proyecto de Carta Magna que será votado el 4 de septiembre representa un impulso definitivo a una descentralización integral, en lo político, administrativo y financiero, y deja atrás una uniformidad malentendida que solo ha acentuado la brecha entre Santiago y las regiones, y entre las capitales regionales y las provincias y comunas.
Es mejor partir de un reconocimiento radical: hay reales diferencias entre las 21 comunas y ninguna se iguala a la otra. Como contrapartida, la única base igualitaria formal y material de un nuevo trato regional es que todos los ñublensinos deben tener las mismas oportunidades de desarrollo.
Lamentablemente, es el modelo de “talla única” -seguido hasta hoy- el que ha acentuado la desigualdad. En consecuencia, solo la adopción decidida y perseverante de un nuevo enfoque, como el que se propone con el Estado Regional, permitirá lograr mejores resultados de desarrollo social y económico, en menos tiempo, para más personas, en todas las comunas de la Región de Ñuble.
