Una vez más la irreconciliable dicotomía entre lo que da trabajo y causa problemas; entre lo que algunos consideran de buen gusto y otros de mal gusto, se centra en la figura de los casinos populares que, tras un historial de clausuras y litigios con la Municipalidad y Carabineros, vuelven a surgir coloridos y vistosos en las calles centrales de Chillán.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Y el fenómeno fue tratado en el concejo municipal, siendo el edil, Rodrigo Ramírez, quien lo puso en la mesa, con la intención de convocar fuerzas transversales, incluso con otras entidades de Gobierno, para clausurarlos, basándose en un argumento estrictamente jurídico: “Lo que hacen está reñido con la ley”, dice.
“Acá el municipio, tiene una responsabilidad puntual ante este problema, y que tiene que ver con su rol de fiscalizador de las patentes. Estos casinos populares, como les llaman, son derechamente locales irregulares y es en virtud de esas ilegalidades, que deben ser detectadas, es que se tienen que clausurar”, dice Ramírez a modo de introducción a un conflicto que, anticipa, es mucho más profundo.
A juicio del concejal, tras tantos años de litigios y jurisprudencia, los locatarios también han ido aprendiendo a evitar algunas acciones municipales para poder seguir trabajando.
“Por ejemplo, y tal como lo ha manifestado el propio alcalde, algunos dueños de estos locales, han establecido sus viviendas en los segundos pisos de los casinos, por lo que al figurar como residencia particular, ni Carabineros y mucho menos la inspección municipal puede acceder a fiscalizar sin orden judicial”, advierte.
Ante este tipo de estratagemas, la propuesta de Ramírez es retomar una mesa de trabajo en la que participen todas las reparticiones públicas cuyos alcances legales les permitan intervenir ante este fenómeno.
“Y hay que partir por la Superintendencia de Casinos, porque son ellos quienes pueden certificar algo clave, como es si las máquinas que tienen estos locales a disposición de los clientes, son en efecto máquinas de destreza, o derechamente, máquinas de azar, lo que está prohibido”, añade.
El plan también alinearía a la Inspección del Trabajo y a Extranjería para revisar la situación legal de los empleados de estos casinos. Actualmente, y de manera paralela, la Unidad Jurídica Municipal se encuentra trabajando en la elaboración de una estrategia para conseguir el cierre de estos casinos y evitar su resurgimiento en el centro de la ciudad.
Aristas penales
En la Oficina Municipal de Seguridad, asumen que esta tarea de cerrar los locales que estén operando al margen de lo legal, es un trabajo que reviste diversas complicaciones, porque a nivel nacional los dueños de estas salas se han organizado y cuentan con stafs de abogados que han logrado mantenerlos en actividad.
Sin embargo, hay ciertas acciones como el que algunos dueños vivan en los locales, o la frecuente rotura de sellos, “lo que, junto al descerrajamiento de candados, que también hemos visto, se suele dar tras las clausuras y ya eso es materia que debe ser investigada por el Ministerio Público”, explicó la abogada Pilar Gutiérrez, directora de la Omse y administradora municipal (s).
La jurista, junto con advertir que los inspectores han dado cuenta que en los casinos mantienen personas en las esquinas para advertirles, vía radio, la presencia de Carabineros o de la Inspección Municipal, “ya han dado señales claras de estar operando como un asociación ilícita y que funcionan de manera organizada”.
Tras años de pasar una y otra vez por una dinámica de clausuras y rotura de sellos, más una serie de litigios no siempre favorables para las autoridades, es que en la Omse, creen que se está “frente a una materia de alta complejidad, por lo tanto ya estamos afinando las estrategias legales que nos permitan conseguir los cierres”, concluyó.
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