Expectación y expectativas es lo que causó el anuncio de tres auditorías que se realizarían en la Municipalidad de Chillán, para conocer tanto la salud administrativa, financiera e incluso procesal con la que había cerrado la administración de Sergio Zarzar y en qué condiciones estaba operando la actual, la del alcalde Camilo Benavente.
Serían, entonces tres entidades las que se encargarían de revisar cinco puntos críticos para el buen funcionamiento de un consistorio: Salud, Dirección de Obras Públicas y Recursos Humanos, las que se encargaron a la Contraloría Regional; otra, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), enfocada en la actual situación financiera de la Municipalidad; y una última, gestionada y financiada por la propia municipalidad, que se centró en los procesos de Control Interno, como cuentas corrientes, cuentas bancarias y la revisión de los informes de control del resto de los departamentos y direcciones municipales.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Aclarando que, por ley, no puede haber dos entidades distintas realizando un proceso de auditoría respecto a un mismo objetivo, hasta hoy, de las cinco áreas bajo investigación, sólo se han concluido tres: Control Interno, a cargo de la empresa contratada por el municipio y cuyo representante es el ingeniero Danilo Cerda Pradenas; además de la auditoría de Salud y, recientemente, de la Dirección de Obras Municipales, a cargo de la CGR.
A la CGR aún le resta evacuar el informe de Recursos Humanos, y “nos dijeron que en la última semana de noviembre debería llegarnos el informe final del estado financiero, a cargo de la Subdere”, explicó Richard Guzmán, administrador municipal, quien con el 60% de los informes evacuados, admite que “ha habido avances importantísimos, e incluso, y como es de público conocimiento, se están iniciando los procesos para realizar algunos sumarios en la Dirección Municipal de Salud”, dice en relación a los cerca de $420 millones detectados en irregularidades como sobresueldos y ascensos no respaldados por el marco legal.
De esta manera, en la Municipalidad, esperan llegar al 2023 con la totalidad de los informes en la mesa para iniciar un nuevo año con la total claridad del estado de salud de su propio aparataje.
Duplicar la unidad de control
Desórdenes y poca capacidad de gestión fue lo que habría detectado la auditoría encargada por el Municipio.
“Se hicieron varias observaciones, lo que es absolutamente normal y ya se están haciendo las gestiones para mejorar, y en este punto hay que aclarar que las mayores observaciones realizadas por la empresa se centraron en la Dirección de Control Municipal, sugiriendo la necesidad de realizar con mayor frecuencia nuevas auditorías en departamentos específicos, sin embargo, el director de Control me explica que cuentan con una escasez de dotación de personal, lo que ha estado planteando por años en diversos oficios”, reveló el profesional.
En efecto, son apenas cuatro funcionarios y cuentan con un promedio de cerca de 350 actas administrativas al día.
Por tal razón, en la actualidad, la Municipalidad de Chillán está haciendo un llamado, a través de concurso público, para lograr al menos duplicar la planta fiscalizadora.
“Y hemos convenido con el director de Control que esperamos seleccionar a un profesional de la ingeniería civil, se requiere una o un contador auditor a otra persona del área técnica más un profesional genérico, que puede ser un ingeniero en administración u otra profesión”, especificó Guzmán.
Irregularidades en la DOM
La de la DOM, ya evacuada por la CGR, se enfocó en los permisos de edificación, loteos y subdivisiones, por la Dirección de Obras Municipales de Chillán, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.
El contralor, Mario Quezada, destaca en su informe que, un eventual conflicto de interés por parte del director de la DOM en el otorgamiento de un permiso de edificación. Por lo que exige instruir un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
Lo anterior, junto con tres casos de errores en el cobro de los derechos municipales, de diferentes tipos, totalizando diferencias por $9.500.000, exigiéndosele al municipio regularizar y acreditar tanto el ingreso como la devolución de los dineros, según corresponda, en un plazo de 30 días hábiles.
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