El martes reciente la Municipalidad de Chillán subió a Mercado Pública una licitación con la que se espera dar con una empresa externa que se haga cargo de realizar una auditoría interna enfocada a precisar el real estado financiero y contable del consistorio, del que ediles y alcaldes aseguran tener un conocimiento muy bajo, o al menos insuficiente como para poder proyectar con certeza los destinos municipales.
Quien confirmó esta moción fue el alcalde, Camilo Benavente, quien tras recordar que esta solicitud era una parte de su promesa de campaña, insistió en que “lo cierto es que actualmente aún tenemos mucho de incertidumbre respecto algunos temas” y precisó que se buscará hacer un preinforme, encargado a la unidad jurídica del municipio, para poder entregarle a la empresa auditora, lineamientos generales de cuáles son las unidades más delicadas y que se requiere someter a peritaje”.
De esta investigación se pretende conocer, casi como prioridad, cómo se han ejecutado los contratos más onerosos en la administración pasada.
En este punto destaca lo ocurrido con las licitaciones de las áreas verdes, la de la basura, y en menor medida con la de la mantención de las canchas sintéticas.
Otra exigencia que hará la auditora es revisar los procedimientos internos en las licitaciones, es decir cómo se han ido armando, “porque es cosa de ver cómo se han caído, se declaran desiertas, no se adjudican, los proyectos no salen buenos y el mejor ejemplo es la de las áreas verdes que se declaró desierta en tres oportunidades. Entonces, tenemos que aprender dónde hemos ido fallando o si el error es por causas externas, pero todo siempre con el objetivo de hacer más eficiente nuestro trabajo a futuro”.
Otro tipo de conclusiones claras se esperan respecto a la eficiencia del uso de recursos. A modo de ejemplo de lo que no se quiere repetir, en la municipalidad citan lo que ocurre con la cuadrilla municipal, compuesta por 140 personas que trabajan en terreno, con 20 de esos funcionarios recibiendo un sueldo mensual cercano a los 500 mil pesos ($80 millones en total). “Pero el problema es que se demoran ocho meses en construir una sede. Si a eso le sumamos lo que se ocupa en materiales, la sede nos cuesta $130 millones; pero si la licitamos nos cuesta $100 millones. Y este tipo de situaciones son las que nos han ido generando dudas e inquietudes que vemos muy necesario ir despejando”, determinó el alcalde.
El plazo tiene como fecha de cierre el 22 de octubre, más 90 días para responder dudas y conocer los resultados, por lo que a mediados de diciembre deberíamos tener el preinforme.
Por último, Benavente advierte que en caso de encontrarse delitos de por medio, “tenemos que hacer sumarios inmediatamente, eso es parte de nuestra responsabilidad legal”.
Otras dos auditorías
De esta manera, la Municipalidad de Chillán estaría pendiente del resultado de tres auditorías distintas realizadas por diferentes entidades, aunque todas apuntando al mismo objetivo.
Además de esta última que está recién en etapa de llamado a concurso, hay una segunda que está a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), entidad que está haciendo diversas auditorías en municipios del país, siendo el de Chillán uno de las escogidos, y que está enfocada a revisar los procedimientos de los contratos y licitaciones, además de los modos de ejecución que se han materializado.
Como tercera auditoría, destaca la que la Contraloría General de la República hace respecto al mediático Caso Led, que además está siendo investigada por el Ministerio Público Regional por su arista penal, concerniente a supuestos hechos de cohecho y violación de secreto, que tiene como imputados a los exfuncionarios Marcelo Campos (asesor judicial) y Ricardo Vallejos (exadministrador municipal).
“Todas se tratan de investigaciones muy profundas y que nos permitirán tener un diagnóstico claro del estado de la Municipalidad, y esperamos que se resuelvan lo antes posible para poder seguir avanzando en nuestros proyectos con una mayor certeza”, finalizó el alcalde, quien recordó que aparte de estas auditorías, aún se está a la espera de algunos sumarios internos, como el del caso de algunos funcionarios en la DAEM.
Para el próximo jueves 22 de octubre está fijado el cierre del plazo para postular a la licitación.
A este fecha se deberá añadir otros 90 días para responder dudas y conocer los resultados, por lo que a mediados de diciembre en la alcaldía esperan tener el primer preinforme.
90% de absoluciones
Como era de esperar, en el cuerpo de concejales valoraron el que la auditoría se haya externalizado.
Y esto porque la “desconfianza” estaba abiertamente instalada.
“Se hicieron muchos sumarios entre el 2016 y el 2017. De ellos, hubo muchos que nunca supimos en qué quedaron, otros nunca se terminaron y de los que conocimos, un 90% terminó con absoluciones”, critica la concejal Brígida Hormazábal.
Con base en lo anterior también plantea reparos en que “si se va a gastar dinero, que es de todos nosotros, para que o no se llegue a nada, o no se condene a nadie, entonces para qué los seguimos haciendo”.
Similar opinión ya habían demostrado en diversas oportunidades los concejales Patricio Huepe y Joseph Careaga, quienes admitieron a LA DISCUSIÓN que en muchas ocasiones pidieron conocer los resultados de los sumarios hechos a diferentes unidades municipales, sin recibir jamás una respuesta.
