Hace cerca de 10 años que, de lunes a sábado, de manera ininterrumpida, en calle Arturo Prat, entre 5 de Abril e Isabel Riquelme, frente al mercado de frutas y verduras, se ha venido ejerciendo de manera sostenida un millonario comercio ilegal, que ha causado no solo molestias en las asociaciones hortofrutícolas y vecinos del sector.
Esto porque entre las 02.00 y las 08.00 de cada mañana, son decenas de camiones que llegan con productores agrícolas para abastecer a los propios locatarios de la feria, amén de que la ausencia de contenedores de basura, falta de servicios higiénicos genera mucha suciedad.
“Todo esto parte cuando por el año 2008, el entonces alcalde, Aldo Bernucci, decide mandar a todos los camioneros al termina hortofrutícola y así ordenar la situación. Sin embargo, quedó un número de personas dando vuelta, y empezó a crecer este desorden. Tenemos contabilizados 180 comerciantes ilegales en el lugar”, comentó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
Por esta razón, agregó que ya se encuentra a punto de ejecutarse un plan, para erradicar esta irregularidad.
“Sabemos que hay gente de Chillán y de Chillán Viejo que viven de esta actividad y para ellos dispondremos de 37 locales establecidos, con stand, horarios y turnos, además les pondremos baños. Pero eso que se ve ahí, no va más”, afirmó.
Dentro del proyecto se incluye un pago de una cuota por concepto de aseo y seguridad, ya que se pretende realizar fiscalizaciones y brindar protección al lugar con un equipo de guardias privados, cuyo costo mensual se estima en cerca de $40 millones mensuales.
También se ocuparon más de $30 millones de pesos para entregarles un toldo en comodato a cada locatario que será admitido.
Reunión con Carabineros
El alcalde, acompañado de un grupo de funcionarios municipales, ya ha sostenido diversas reuniones con estos comerciantes para llegar a acuerdos, y se espera que la próxima semana se cierre el proyecto para comenzar a alistarlo, a partir del 3 de enero.
Persiguiendo lo mismo, es que este lunes el alcalde espera reunirse con la generala María Teresa Araya, jefa de la XVI Zona de Carabineros Ñuble, y con personal de la PDI, para coordinar los aspectos de seguridad y-en caso de darse- desalojos.
“Es evidente que esto no lo podemos hacer solos y necesitamos el apoyo de la Fuerza Pública, pero además, debemos conversar con ellos para tratar de solucionar otro conflicto. Muchos de los locatarios, nos dicen que Carabineros les está pasando partes por estacionar sus camionetas momentáneamente para descargar mercadería. Creemos que el criterio debe ser otro, pero también entendemos que todo lo que implica el Estado de Emergencia ha generado mucha confusión en muchos organismos públicos”, concluyó Benavente.
