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Más de 80% de denuncias telefónicas anónimas en Ñuble son por drogas

En el año 2020, un total de 310 llamados hechos en alguna de las 21 comunas de Ñuble, se recepcionaron en la plataforma del fono Denuncia Seguro, puesta a disposición por parte del Gobierno desde el año 2016.

Esta cifra representa casi el doble de las hechas en la región en 2019, año en que se recibieron 189 denuncias por esta vía, lo que conforme a la interpretación realizada por la Intendencia es una “confirmación de la confianza que nuestros vecinos han ido depositando en nuestra estrategias para combatir el delito. No nos olvidemos que desde el 2016, estas llamadas han ido en aumento, debido a que las personas ya saben que son completamente anónimas, y en segundo lugar, porque quienes denuncian, han visto que en muchas ocasiones sus llamadas terminan en procedimientos concretos”, dijo Alan Ibáñez, coordinador regional de Seguridad Pública.

Las cifras fueron liberadas a la prensa la semana pasada, dan cuenta que es en la comuna de Chillán, donde se recibieron más llamados anónimos, con 166 denuncias telefónicas.

En 2019, éstas habían sido 98.

Le siguen San Carlos (34), Coihueco (21), Chillán Viejo (17) y Yungay (12).

En tanto que a nivel nacional, los llamados al 600 400 0101 hechos en Ñuble, representan sólo el 1,7% de las llamadas totalizadas en el país, cifra que pasó de los 12.547 en 2019, a los 18.075 este 2020 último.

Revisando los años anteriores, en 2016 hubo 64 llamados, el 2017 fueron 89; y en 2018 se hicieron 125.

“El Denuncia Seguro no es un fono para delitos concretos, que se van a Fiscalía, una vez que son cotejados por el Ministerio del Interior. No es para denuncias como ruidos molestos, semáforos apagados u otro tipo de incivilidades”, advirtió el coordinador.

Para la Intendencia, la importancia de seguir fomentando el uso de esta plataforma gratuita es que “nos acerca mucho más a la persona que viven en aquellos sectores que más nos interesa intervenir para protegerlos de la delincuencia. Muchos de estos llamados se terminan derivando a Carabineros, al OS7 o a la PDI, y las personas han visto eso, han visto como muchas veces, gracias a sus llamados se detuvo a alguien que cometía delito y en ningún momento hubo riesgo de que su identidad se revelara”, insistió.

Precisamente, la sostenida repetición de mensajes que apuntan a que a quien llame no se le solicitará nombre, rut, ni domicilios, es una de las principales estrategias del Gobierno para aumentar cada año los llamados, entendiendo que había muchos vecinos que, pese a ser testigos de delitos o de situaciones como focos de venta de droga, no denunciaban por miedo a que sus nombres se revelaran.

No fue sino hasta sólo un par de años en que la lectura de partes policiales, hechos en las audiencias de formalizaciones, se solicitó a los intervinientes no leer en voz alta, los nombres de quienes denunciaban.

“O incluso, la misma policía les decía a las personas quienes los habían denunciado. Eso me tocó vivirlo muchas veces, y por eso la gente se empezó a cansar de llamar a teléfonos como el 133, al que tu llamas y lo primero que hacen es pedirte el nombre”, repasa el abogado penalista, Claudio Cofré.

Es más, la filtración de datos solía llegar de diferentes fuentes a oídos de los denunciados, incluso estando ya privados de libertad. Según el abogado Cofré, “esa es la razón del porqué existen las famosas represalias. Obviamente, un sistema de denuncias tiene que ser anónimo, de lo contrario la cifra negra de delitos siempre será mayor a la que se entrega”.

La llamada cifra negra, que se puede tabular aunque sea de manera somera con la pregunta que se incluye en la Encuesta de Seguridad Enusc, que el Gobierno hace cada año, y que se refiere a si “tras ser víctima de un delito, hizo o no la denuncia”.

Coincidencia o no, los “no” han ido bajando casi en la misma proporción que han ido aumentando los llamados al 600 400 0101. “Y esto nos confirma que estamos en el camino correcto. El poder contar con más denuncias nos permite a nosotros como Gobierno y a las policías, generar mejores estrategias preventivas; y al Ministerio Público, le suministran información muy valiosa para sus planes de persecución penal”, agregó Alan Ibáñez.

El 80,8% es por drogas

Sin lugar a dudas, el dato más relevante de los que se desprenden al revisar estas cifras de ingreso de denuncias telefónicas anónimas en la Región de Ñuble, es que el 80,8% apuntaron a delitos relacionados con tráfico o microtráfico de distintos tipos de drogas.

Para el Gobierno, el tráfico de drogas es el delito que más preocupa a la ciudadanía, ya que es por causa de esta actividad que se generan, como consecuencia, otros delitos como robos y homicidios, accidentes de tránsito, o situaciones sociales como violencia intrafamiliar, abandono de menores y pérdidas de las fuentes de empleo.

De acuerdo a Cecilia Henríquez, presidenta la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos de Chillán, “esa cuestión de la droga ya está disparada. Te digo, sinceramente, veo muy difícil que la puedan parar y, lógicamente, que los vecinos, en especial los adultos mayores, les tienen pánico a estas pandillas o bandas que se dedican a vender droga”.

A modo de ejemplo, del impacto que significa para los vecinos el contar con traficantes en sus barrios, la dirigenta cita que “en 2019, muchas juntas postularon a proyecto de Seguridad Pública con fondos Gore, para que les instalaran cámaras de vigilancia. Pero muchos de ellos se tuvieron que desistir, debido a que esta gente que trafica los empezó a presionar y a amenazar, ya que evidentemente, las cámaras les arruinan el negocio”.

Con una mirada más crítica, Cecilia Henríquez advierte que “esto de la venta de drogas ya no es en los mismos sectores que todo el mundo conoce. Ahora ya se observan los mismos fenómenos, me refiero a gente parada vendiendo pitos en las calles, o autos que llegan por montones a una misma casa, están dos o tres minutos y se van. El problema, es que por mucho que los vecinos se den cuenta, también es cierto que si lo hacen es porque nadie los controla. Hay muy poca fiscalización al respecto”.

Violencia Intrafamiliar

Aunque con mucho menor frecuencia que la observada por llamados por drogas, el segundo delito más denunciado en Ñuble es el de la violencia intrafamiliar, con un 6,6% de los casos.

Mucho más atrás destacan denuncias por delitos de carácter sexual (1,6%) y la tenencia ilegal de armas, con 0,6%.

“Aunque es un número considerablemente menor al de las denuncias por drogas, no deja de ser una buena noticia el que las personas, las víctimas, los testigos, los familiares, amigos o vecinos de aquellas personas que sufren agresiones por parte de algún miembro de su propia familia, se estén atreviendo a denunciar”, advierte Ibáñez.

La violencia intrafamiliar, conforme a datos proporcionados en noviembre del 2020, por el Ministerio Público de Chillán, aumentó en la capital regional de Ñuble, un 64%, respecto al 2019.

En específico, las cifras pasaron de 110 (en 2019) a 173 (en 2020).

“Se han generado más situaciones de roces al interior de la familia, que llevan a que se denuncien situaciones que ya estaban ocurriendo en el tiempo y que ahora, por el tema de la convivencia obligada y poca movilidad, llevan a la gente a realizar estas denuncias que no son malos tratos físicos, necesariamente, sino que más bien psicológicos”, explicó en la oportunidad, el fiscal Planck.

Dentro de este contexto de violencia intrafamiliar, otros delitos, como las amenazas, se han mantenido estables (679 investigaciones versus 672 en el periodo comparado), mientras que las lesiones en general han bajado de 635 a 539, en igual tiempo analizado.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer, su directora regional, Viviana Cáceres, se refirió a estas cifras de fuente fiscal y dijo que “es un fenómenos que ya habíamos previsto cuando comenzó la pandemia, y hemos tratado de trabajar más anticipándonos al fenómeno que solo reaccionando después de que ocurre”.

La directora, quien explica que se ha trabajado con Carabineros en planes piloto a nivel nacional, mediante alianzas colaborativas, cuenta con otras cifras que confirman el análisis fiscal.

De hecho, una de las razones por las que las llamadas por violencia intrafamiliar, le sigan tan en saga a los caso de microtráfico, se deba a que el mismo Gobierno ha dispuesto y promocionado un fono especial para denunciar, también de manera anónima, la violencia doméstica.

De hecho, se estima que los llamados a estas plataformas (1455) aumentaron en más de un 90% entre el 2019 y el 2020.

Respecto a las armas, cifras obtenidas en la Unidad Fiscalizadora de Armas de Carabineros, si bien la entrega voluntaria de éstas han ido al alzas (103 en 2018 y 258, en 2019), se estima que en Ñuble hay cerca de 4 mil armas no regularizadas en manos de particulares.

También, un estudio realizado por la PDI, en Santiago ubicó a Ñuble como la región que encabeza la prevalencia estadística en el uso de armas de fuego en sus respectivas cifras de homicidio.

En nuestra región, el año pasado, el 62% de estos asesinatos fueron con arma de fuego.

Le siguen la Región Metropolitana (54%), Tarapacá (53%) y Bío Bío (53%).

Itata la más baja

Si bien la cifra de llamados a nivel regional subió sobre un 46%, y lo mismo se observa en las provincias de Diguillín (228) y Punilla (66), en contraste, la provincia del Itata fue la que menos llamados hizo al Denuncia Seguro.

Con apenas 16 interacciones, se bajó de las 18 realizadas en 2019.

“Ése es un tema que estamos analizando, y nuestra idea es poder reunirnos con las autoridades y encargados de la seguridad en esa provincia, para buscar en conjunto las estrategias que nos permitan motivar a los vecinos a hacerse parte de estas acciones que nos ayudan a todos”, apuntó Ibáñez.

De todas formas, y esta vez, con base en estadísticas de Carabineros, los delitos violentos registrados entre enero y lo que va de febrero, han bajado un 42% respecto al arranque del año en 2019.

En tanto, los delitos no violentos, de acuerdo a esta misma fuente, disminuyeron en el mismo periodo de medición, un 35%

En conjunto, Carabineros estima que los delitos bajaron en total un 37% respecto a los primeros 45 días del 2020.

Recordemos que para el mes de abril, se espera conocer el monto que recibirá la región para proyectos de Seguridad Pública, los que en 2018, fueron $511 millones.

“Lo que más nos piden los vecinos son cámaras, pero también se dispondrá de tres drones de uso exclusivo de seguridad pública, y no sólo para que sobrevuele el centro, sino toda la ciudad”, anticipó Ibáñez.

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