La manipulación informativa ocupa, tras la salud y la economía, uno de los principales puestos en la agenda de los responsables políticos, sanitarios y empresariales de los últimos tres años. Discursos de odio, arengas populistas, movimientos antivacunas y noticias falsas. Todos ellos han encontrado en la red su mejor caldo de cultivo.
Hasta las grandes corporaciones tecnológicas están preocupadas. Google ha creado un fondo de US$3 millones destinado a proyectos para combatir la desinformación y Bill Gates lidera el Ministerio de la Verdad Mundial, una coalición en la que participan Microsoft, Intel, Adobe y la BBC.
La desinformación fue definida en 2018 por la Comisión Europea como un contenido “falso, inexacto o engañoso” que estaría “diseñado, presentado y promovido” siempre de manera “intencional” con el objetivo de “causar daño público o beneficios particulares”.
Común a todas las “fake news” son la velocidad instantánea a la se propagan; el estar impulsadas tanto por organizaciones estatales como privadas y la dificultad para exigir responsabilidades a los autores. Otros datos a tener en cuenta: cerca de 70% de los tuits que recibimos los generan bots; una noticia falsa, según el MIT, se difunde seis veces más rápido que una verdadera; solo existe un 50% de posibilidades de que la gente se crea la rectificación y, según un reciente estudio, Facebook no ha detectado 70% de las noticias falsas sobre la pandemia.
Además, las “fake news” adoptan múltiples formas y todas perjudiciales. Desde enlaces a dominios falsos o cadenas con cheques-regalos inexistentes, a otras más sofisticadas como los “deepfakes”, montajes de video o audio del que ha sido víctima hasta Mark Zuckerberg. Otra figura es la de los “fakeyoutuber” que, legitimados entre sus millones de seguidores, a veces difunden teorías conspirativas.
A nivel nacional, es actualmente el trabajo de la convención constitucional el foco de las noticias falsas, la mala información o la desinformación. El polémico video del convencional por Ñuble, Martín Arrau, reavivó este debate sobre constituyentes que viralizan información inexacta, o hacen circular documentos sabiendo que no son oficiales, o declaran que se hará tal o cual cosa, aunque aún está pendiente la votación del pleno que puede rechazar la propuesta o modificarla, como ocurrió con el exintendente, que de ocho aseveraciones que publicó la semana pasada, en realidad tres eran ciertas y otras cinco imprecisas o derechamente falsas.
A medida que avanza el trabajo de la convención constitucional y más intereses se vean afectados, los grupos que sientan amenazada su posición o privilegios alcanzados en otras épocas, veremos cada vez más estrategias para desprestigiar su trabajo. Al igual como nadie está a salvo de contagiarse del coronavirus, el proceso de redacción de nuestra nueva carta fundamental tampoco está a salvo de ese otro virus que son las noticias falsas y la desinformación. El antídoto, en todo caso, es muy simple y conocido: infórmese por medios de comunicación profesionales.
