El estallido social de octubre pasado revolucionó la agenda del país y logró posicionar el tema constitucional al punto que se logró un acuerdo transversal para efectuar un plebiscito de entrada, algo impensado hace un año. Pero la llegada del Covid-19 hizo que se postergara para el 25 de octubre, mientras que las fechas para las elecciones municipales y de gobernadores regionales también fueron modificadas.
Sin embargo, la incertidumbre en torno a cómo evolucione el virus en los próximos meses pone un manto de duda sobre todo lo anterior, pues son muchos los intereses en juego. Creer que solo se trata de salud y bienestar de las personas es ingenuidad pura.
Desde el oficialismo ya hay un nuevo intento por poner a dormir el proceso constituyente. De hecho, varios personeros –incluido el ministro Gonzalo Blumel- habló de postergar el plebiscito de octubre, mientras que para el Presidente Piñera está muy lejos de ser prioridad. De hecho, el Mandatario instaló un nuevo relato de prioridades, poniendo en primer lugar post pandemia a la crisis económica, mientras los principales think tank de la derecha movilizan columnas de opinión y encuestas en los medios de comunicación más influyentes del país.
La misma suerte parecen estar corriendo las reformas descentralizadoras que apuntan principalmente a tres ámbitos: una mejor distribución del poder político mediante la elección directa de gobernadores regionales; otorgar mayores competencias para los Gobiernos Regionales mediante la mejora a la ley ya existente; y una mayor justicia en la distribución de recursos para los territorios mediante una Ley de Financiamiento Regional.
La primera –la elección de gobernadores regionales- ya cambió de fecha, del 25 de octubre al 11 de abril de 2021, por efecto de la pandemia. Pero ahora hay varios parlamentarios que quieren ponerla a la cola del proceso constituyente e incluso algunos, como el chillanejo Gustavo Sanhueza, hacerla desaparecer.
En cuanto a las competencias políticas y administrativas y mayor autonomía financiera, las dos iniciativas en las que hasta marzo estaban trabajando la Subdere y Hacienda respectivamente, han entrado en receso, postergando una vez más el ansiado proceso descentralizador, sin el cual Chile seguirá siendo el más retrogrado de todos los países que integran la OCDE.
La pandemia se convierte así en la excusa perfecta para una clase política que, salvo contadas excepciones, no le entusiasma la descentralización ni la profundización de la democracia local, y prefiere concentrar el poder en un puñado de aristócratas que vive en Santiago y sus intermediarios afincados en las regiones.
Sin desconocer la gravedad de la crisis sanitaria que enfrentamos, tres décadas de populismo y demagogia en torno a la descentralización instalan una legítima duda, más todavía si los actores son los mismos y los grupos de poder e intereses afectados también.
