La comisión de Hacienda del Senado despachará este martes el proyecto de ley que concede un Ingreso Familiar de Emergencia en el contexto del Covid-19, iniciativa que se encuentra en segundo trámite, con discusión inmediata.
Hoy, la instancia celebró su segunda sesión analizando la propuesta, la cual ha sido cuestionada por la oposición, y que llevó a los diputados a introducir indicaciones durante su paso por la Cámara.
Los puntos discordantes se refieren al mecanismo para determinar los tramos de beneficiarios; el monto del beneficio y la modalidad de pago decreciente en el tiempo.
Senadores de oposición hicieron ver sus reparos a los ministros de Hacienda y de Desarrollo Social, y llamaron a “Transparentar los alcances reales del proyecto, como también su costo fiscal”.
“Es importante hoy día hacer un llamado a los parlamentarios de Ñuble a poner el acelerador en la aprobación del Ingreso Familiar de Emergencia, que más allá de una demanda del Gobierno, es una demanda social, una demanda que llega al corazón de las familias, y que ha debido enfrentar grandes dificultades en el Congreso. Si esto se sigue atrasando, sin duda las familias de Ñuble lo resentirán, porque necesitan este ingreso ahora ya en su bolsillo”, sostuvo la seremi de Desarrollo Social, Doris Osses.
En Ñuble, se trata de más 60 mil hogares, cada uno compuesto por alrededor de 2,6 integrantes, por lo tanto, dijo, “Serían alrededor de 180 mil personas beneficiadas con este ingreso. Lo más importante de este proyecto es que incluye dos puntos fundamentales: a aquellos hogares que no tienen un ingreso formal, pero también a aquellos hogares que teniendo un ingreso formal, éste es muy bajo, y a ellos le llamaremos parcialmente informales, porque no logran tener un ingreso que supere los 200 mil pesos. Hacemos un llamado a los parlamentarios a que aprueben el proyecto tal como está, porque lo que no podemos permitir es que haya populismo en estas intervenciones, y vayan mucho más allá”, sostuvo la autoridad regional.
Quien también hizo un llamado a aprobar “cuanto antes” esta iniciativa, fue el diputado de la UDI, Gustavo Sanhueza.
“Si bien estoy abierto a estudiar las indicaciones que los diversos sectores políticos proponen, no debemos olvidar que el itinerario de la crisis sanitaria todavía es desconocido, por lo que el sentido de urgencia en materia social debe compatibilizarse con la sustentabilidad de las finanzas públicas para cumplir con los compromisos de corto y mediano plazo. En ese sentido, apoyo al Presidente Piñera cuando manifiesta que hay dos formas de oponerse a los proyectos: rechazándolos o pidiendo lo imposible”, afirmó.
Agregó que “Hay sectores extremos de la oposición para los cuales nunca nada será suficiente, pero un mínimo de sensatez nos indica que el camino no es el populismo, es la aprobación de proyectos con urgencia, pero realistas y con sostenibilidad. No olvidemos que el Ingreso Familiar de Emergencia es un complemento a un importante paquete de medidas que beneficia a diversos sectores, y al cual se sumarán muy probablemente nuevos apoyos en los meses venideros”.
“Oposición no es obstrucción”
Desde la oposición, el diputado Carlos Abel Jarpa, planteó que “Las cifras en este caso hablan por sí solas. El promedio de integrantes por hogares en Chile es de 3,1 personas. Por lo tanto, de aprobarse esta iniciativa tal como la presentó el Gobierno, los beneficiarios de un hogar con tres integrantes, recibirían en el mes de mayo la cifra de 195 mil pesos. El segundo mes se rebajaría a 165.750, y el último mes estarían recibiendo 136.500 pesos, lo que está muy por debajo de los 300 mil pesos que es la línea extrema de pobreza en nuestro país, lo que consideramos insuficiente”, manifestó.
Según Jarpa, aprobó la idea de legislar este proyecto, “Porque consideramos que era necesario. Sin embargo, rechazamos ciertos artículos con el fin de que la iniciativa mejore sus prestaciones y cantidad de beneficiarios. Creemos que es el momento que el Gobierno utilice los recursos que ellos mismos han dispuesto para esta emergencia sanitaria, y aumentar el gasto fiscal en este aspecto, por el bien de los trabajadores que hoy no están siendo considerados en esta iniciativa, como los independientes, informales y por cuenta propia”, dijo.
Y advirtió: “Oponerse en la primera instancia no significa ser obstructivo, buscamos mejorar el proyecto. El mejor ejemplo, fue lo que conseguimos en la comisión mixta con respecto al seguro de cesantía, donde se lograron avances sustantivos en materia de seguridad laboral, como la desvinculación temporal”.
