La congregación de los Jesuitas de Chile reconoció que 64 personas fueron víctimas de abuso sexual, 34 de ellas menores de edad, por parte de 11 clérigos, según una publicación de la propia orden que trascendió este miércoles y que destapó tres casos que no eran conocidos por la opinión pública.
Sin perjuicio de lo anterior, fueron en total 17 los nombres de sacerdotes jesuitas denunciados por abusos que fueron investigados canónicamente entre 2005 y 2020, de los cuales la congregación no logró demostrar la responsabilidad de seis de ellos.
Del total de víctimas se establece que 34 eran menores de edad y 30 adultos, según consignó el informe-2021 del Centro de Prevención de Abusos y Reparación (CPR) publicado por la Compañía de Jesús a inicios de esta semana.
El documento consigna un caso cometido en la ciudad de Chillán y sindica al exsacerdorte Jaime Guzmán Astaburuaga como su autor, a quien se le vincula con otros 17 hechos, de los que la Compañía de Jesús asegura haber acreditado un total de 11, en un informe de 32 páginas y con una bitácora que parte en 2005.
El informe revela: “Jaime Guzmán Astaburuaga (Extranjero, Chillán, Puerto Montt, Santiago): Se conocen 15 menores de edad, víctimas de diversas situaciones abusivas de connotación sexual, cometidas desde fines de los 60 hasta inicios de los 90. El 2012 se le restringió el contacto con menores de edad y se le suspendió del ejercicio público del ministerio sacerdotal, sanción renovada el 2017. El 2021 dimitió del estado clerical y lo expulsaron de la Compañía de Jesús. Actualmente cumple con un plan de supervisión de la orden religiosa con una serie de medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de contacto con menores de edad”.
“Es un lavado de imagen”
La abogada Pilar Gutiérrez, quien ha trabajado en estas causas junto a la Red Laical para las causas de Ñuble tras advertir que “no hemos estado revisando esta causa,” aclara que la razón es porque “los tiempos de las causas los ponen las víctimas, ni nosotros, ni los fiscales, ni los querellantes, ni la Iglesia, ni la prensa. Solo ellos”.
Con lo anterior reafirma una tesis recurrente de la Red Laical respecto a que “es cada vez más difícil que las víctimas quieran participar de estas causas, porque fueron desatendidos por los fiscales, totalmente humillados por el sistema procesal”.
Finalmente sostiene que “este informe no sirve de nada, es solo una manera de lavar su imagen (la congregación), de evitar que los critiquen por no hacer la pega, porque la verdad es que nadie va a investigar casos de antes del 2015, porque ya están prescritos y sin haber leído el informe, es seguro que la mayoría son de antes del 2015, entonces, esto es inútil desde el punto de vista penal”.
En efecto, Chile declaró los delitos sexuales como no prescriptibles en 2015, sin embargo, y a contrapelo a la tendencia del Derecho Internacional, no declaró la retroactividad de estos.
Reparación económica
El doctor en Historia y experto en la Iglesia Católica, Marcial Sánchez, valoró el informe elaborado durante dos años por el Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Congregación Jesuita.
“La visibilidad de estos casos es más que importante, especialmente por las víctimas, porque yo creo que una cosa es la reparación económica es la piedra basal con respecto a una persona que ha sufrido la violación de sus derechos como adulto o como niño (…) y otra cosa es la reparación sicológica. Para muchos de ellos este yugo, de haber sido vulnerados, les ha costado muchas veces el poder insertarse hasta en lo laboral, por eso es necesario una reparación social”, sostuvo.
El experto, quien además es miembro del Consejo Superior de la Universidad Estatal de O’Higgins, insistió en la importancia de que la Congregación haya asumido una actitud de reparación económica.
Destacó, por ejemplo, el que “algunos procesos de reparación que se están llevando a cabo, fundamentalmente con 49 víctimas y 31 de ellas han recibido una reparación de tipo económica, entonces es bastante interesante que la Compañía de Jesús esté hoy día ordenando cuáles han sido sus abusadores, sacerdotes, clérigos dentro de su orden para que la opinión pública sepa cómo ha sido esta cuestión dentro”.
El informe reconoce víctimas en Chillán, Santiago, Osorno, Valparaíso, Antofagasta, Calera de Tango, Puerto Montt y Melipilla.
Dentro de los sacerdotes acusados en la investigación clerical, cuatro de ellos ya están fallecidos y dos son extranjeros.
