El pasado sábado, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, estuvo en la capital regional de Ñuble con el propósito de dar el vamos al proyecto de televigilancia móvil que está funcionando, a modo de marcha blanca, desde el mes de mayo, y que implica además de las cámaras y las brigadas de drones, una Central de Monitoreo cuyo costo es de $180 millones.
“Pero es un proyecto que tiene dos patitas, una es de nosotros, que financiamos el 68% del proyecto, y la otra, es de la Gobernación, por lo que esperamos que el gobernador (Óscar Crisóstomo) le de curso a estos fondos que ya están aprobados, agradecemos mucho al Gobierno Regional que haya aprobado en el mes de agosto un convenio de programación que va a asegurar el funcionamiento de este proyecto durante el próximo año, por un monto de $316 millones”, dijo –diplomáticamente-, la subsecretaria.
Diplomacia que, no obstante, no logró esconder su preocupación por el hecho que el Gobierno Regional aún no haya hecho presente el resto de esos fondos.
“Esperamos que se dé curso luego, porque los drones no solo sirven para labores policiales, recordemos que por once días participaron en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en Cobquecura; se usan para detectar microbasurales, en caso de catástrofes, en caso de incendios y así muchos otros ejemplos que demuestran que tienen una utilidad enorme”, argumentó.
La periodista, fundamentó la importancia de continuar en la senda de la tecnovigilancia, destacando que en la Región de Ñuble, cumplidas ya cerca de 1.200 horas de vuelo, se han realizado más de 880 procedimientos con resultados, entre los que destacan 79 detenidos, la incautación de 48 kilos de drogas y el que en muchas oportunidades las imágenes capturadas hayan sido parte de la batería de medios probatorios utilizados por el Ministerio Público, ante los tribunales.
Por lo mismo, en la subsecretaría, si bien instaló la central y las tres brigadas de televigilancia aérea, también se dejó la estructura para que a futuro se pueda contar con más drones y cámaras ya que se instalaron seis pantallas, las que pueden recibir la información de hasta ocho drones, por lo tanto la capacidad de ampliar el programa a cinco aparatos más, está.
Actualmente, el equipo lo componen dos supervisores, dos asistentes administrativos, cuatro operadores de monitoreo y tres copilotos.
Barrios, lo rural y la noche
La subsecretaria comentó que se enteró, a través del delegado presidencial, Cristóbal Jardua, del robo de cerca de $300 millones que sufrieron locatarios de ventas de joyas en el Shopping Center. La situación hizo que muchos cuestionaran que por las noches hubiese monitoreo de cámaras, ya que no se explica cómo nadie vio el ingreso, desde el techo de un kiosco, al lugar, pese a que se trata de un esquina con cámaras.
Fue entonces, que anunció dos medidas. “Primero, el delegado habló con la Cámara de Comercio, para que tomen más resguardos de seguridad porque debe haber una coproducción de seguridad, donde los privados deben tomar acciones para resguardar sus actividades. Y la otra medida, es la de realizar patrullajes nocturnos con los drones, en la zona comercial de Chillán, lo que me parece una medida correcta y que va en la línea de usar la tecnología los focos delictuales que van cambiando de lugar, de hora y de modus operandi”, comentó.
Luego enfatiza a que pese a que la mayor cantidad de cámaras están en el casco comercial de Chillán, el proyecto –drones incluidos- también contempla potenciar al trabajo en el resto de las comunas.
Para la Subsecretaría, este tipo de tecnologías se debe aplicar con un sentido de equidad territorial, no son sólo para las zonas urbanas, y como prueba, se constata que de las 1.187 horas de vuelo que se han efectuado en la Región de Ñuble, 625 –más de la mitad- han sido en zonas rurales, “es decir, aquí también hay que atender sus problemas, como el abigeato que es muy difícil de enfrentar porque tienen una baja tasa de denuncias y es bastante difícil contar con los medios de prueba, por lo tanto, muchas veces, los drones también permitirá apoyar labores preventivas como investigativas”, explica.
Finalmente, para la seguridad de los barrios, la Subsecretaría mantiene vigente una serie de proyectos concursables para seguridad.
Hoy, lo que más piden son cámaras. Nadie insistió ni en botones de pánico ni alarmas comunitarias, porque no dieron los resultados esperados.
“Estamos llevando un proyecto de instalación de mil cámaras de televigilancia en 66 comunas del país, una de ellas es Chillán donde estamos instalando 15 cámaras, por $242 millones, en puntos críticos y que van a estar siendo monitoreadas en la central”.
