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Gobierno responsable

En épocas antiguas gobernar era una especie de derecho que tenía origen tanto divino como humano. La forma de gobierno era el absolutismo, es decir, pueblos y naciones estaban sujetos al poder omnímodo del gobernante. En épocas contemporáneas surgen las democracias y los sistemas republicanos de gobierno, en los cuales se reconoce que gobernar es, más que todo, una responsabilidad y que el poder reside en el pueblo y se gobierna por el pueblo y para el pueblo. Suena sencillo, es la historia de la Humanidad.

Sin embargo, esto parece ser no tan sencillo de entender para el actual Gobierno, que ha mostrado enorme improvisación en el cumplimiento de “su responsabilidad” ante el histórico proceso constituyente que vive el país.

La fallida primera sesión de la Convención Constitucional concentró todas las miradas, por lo que se entendió transversalmente como un actuar negligente del Gobierno, al no entregar las condiciones técnicas y sanitarias básicas para que sesionaran los 155 representantes elegidos para redactar una nueva Constitución.

Salvo los representantes de Chile Vamos -que intentaron achacar culpas a la mesa de la Convención que dirigen Elisa Loncón y Jaime Bassa- todos los dardos han apuntado a la Secretaría General de Gobierno, que tuvo más de 5 meses para anticiparse a eventuales problemas, y 450 millones de pesos para preparar las instalaciones y garantizar los aspectos técnicos y sanitarios que se necesitan para comenzar a sesionar.

Pero como si la negligencia fuera poco, ayer se conoció de una solicitud para investigar eventuales irregularidades en el millonario contrato que fue adjudicado a la empresa Street Machine Corp, cercana a la UDI, y que ayer también le traspaso la responsabilidad al Gobierno, argumentando que en las bases del acuerdo no figuraban los aspectos técnicos y de comunicaciones, que fueron precisamente los que fallaron.

Lo decíamos al principios: antes que todo, gobernar es una responsabilidad, el cumplimiento de una obligación, frente a un ente jurídico político: la Nación de un Estado Democrático y, solo después, ante todos los demás.

Esto quiere decir que el “gobernante” es responsable por sus decisiones, actos y omisiones, no simplemente de forma metafórica o abstracta -a través del “juicio de la historia” o “del legado”- sino que debe asumir las consecuencias que se deriven del ejercicio de su “responsabilidad”, así como sus “costos políticos”, que en este caso sería la renuncia del secretario ejecutivo de la Convención, un funcionario que se embolsa mensualmente 7,5 millones de pesos, hasta ahora por nada. Él será el fusible por este nuevo fiasco que tiene a La Moneda de protagonista.

El Derecho Constitucional consagra que los gobernantes no actúan sobre cosa propia, sino en la Res Pública (o cosa pública), este es el significado de República, y es la razón para desprenderse de ideologías y preferencias por aliados y elites, cuando se trata del bien común y la justicia social. En síntesis, la responsabilidad de Gobernar encuentra sentido republicano y democrático cuando su ejercicio se orienta a servir a los intereses del Pueblo, que en este caso es la amplia mayoría de chilenos y chilenas que quieren una nueva Constitución. Ese es el sentido correcto de la responsabilidad de gobernar, no la impericia e incapacidad que hemos visto en los últimos días.

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