Pese a que las primeras querellas se interpusieron en el año 2015, no fue hasta el mes de mayo de 2020 que el Ministerio Público solicitó una orden al Juzgado de Garantía de San Carlos, para que se decretara el alzamiento de las cuentas bancarias del exalcalde, Hugo Gebríe, quien finalmente, y tras algunas audiencias frustradas, fue formalizado por el delito de negociación incompatible.
Fue el fiscal jefe de San Carlos, Rolando Canahuate, quien encabezó la audiencia, durante el mediodía de ayer, la que culminó con el tribunal decretando como medidas cautelares, la prohibición de salir del país y firma mensual en la PDI, en contra de Gebrie y además fijó un plazo de cinco meses para la investigación.
En su formulación de cargos, que la última vez se suspendió por problemas de salud del exalcalde, el fiscal Canahuate explicó que “en sesión de concejo municipal de la Ilustre Municipalidad de San Carlos, de fecha 6 de julio de 2012, a solicitud del imputado Hugo Naim Gebrié Asfura, se decidió y aprobó la adquisición de un retazo de terreno del fundo Llahuimávida, denominado Lote 15, con el objetivo de unir los caminos públicos de San Camilo y Monte Blanco. Tanto la negociación con el vendedor como el precio y condiciones fueron realizados directamente por el imputado”.
El persecutor completó el contexto acotando que “posteriormente Gebrié Asfura, en representación del municipio, adquirió el 14 noviembre 2012 el retazo de terreno ya señalado, propiedad que fue inscrita a nombre de la Municipalidad de San Carlos”.
Canahuate precisó que al día siguiente de que el camino fuera declarado público, el imputado suscribió, con el mismo vendedor, contratos de promesa y compraventa de terrenos colindantes, y después adquirió una serie de terrenos colindantes a este camino, los que, para evitar conflictos legales, traspasó a familiares cercanos, como a la hija de su pareja, y a su propia pareja, a través de una tercera persona.
Asfura, quien no atendió los llamados de la prensa durante la tarde de ayer, había asegurado a nuestro medio, que esta causa obedecía a una persecución política.
Por otro lado, aseguró que en su calidad de empresario de corretaje de propiedades contaba con un patrimonio y un prestigio tal que no iba a arriesgar enlodar por tan poco dinero (30 millones de pesos).
En esta causa es, además, querellante el Consejo de Defensa del Estado, y también el director de Obras Municipales, la concejala Lucrecia Flores y un arquitecto de la Municipalidad de San Carlos.
