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Fiscalizaciones arrojan más de 500 infracciones al transporte público en Ñuble

Seremi de Transportes

En estos primeros cuatro meses los inspectores del Programa de Fiscalización de Transportes de la región ya han realizado 4.892 fiscalizaciones, con 522 infracciones. Estos controles se realizan a vehículos particulares, taxis colectivos, buses rurales y urbanos, como también, de carga nacional.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, Javier Isla comentó que “el trabajo que a diario realizan los inspectores del Programa de Fiscalización en nuestra región es indispensable ya que son los encargados de monitorear el adecuado funcionamiento del transporte público y particular, que los establecimientos relacionados con transporte operen correctamente y los fondos que se invierten en servicios subsidiados de transporte se estén usando adecuadamente. En este balance de los primeros 4 meses del año de fiscalizaciones, en la región de Ñuble lo que más se ha controlado son vehículos particulares, buses rurales y taxis colectivos, donde las faltas más recurrentes son el vencimiento de la revisión técnica, el permiso de circulación y la ausencia de seguro obligatorio”.

Todas estas fiscalizaciones van dirigidas para garantizar la seguridad de los pasajeros tanto en la locomoción colectiva como también, en los vehículos particulares. Es por lo anterior, que destaca la fiscalización de autos mal estacionados como también la documentación del conductor. En esa línea, uno de los operativos más reiterados y que van en la línea de la seguridad del usuario, son los más de mil controles que se han realizado para verificar el uso y las condiciones del cinturón de seguridad.

Finalmente, la autoridad de Transportes recuerda que es importante tener en consideración que la Ley de Tránsito faculta a los inspectores para detener vehículos, sin ser necesaria la presencia de carabineros ya que la normativa le entrega dicha atribución. Quienes no acaten esta disposición se arriesgan a una infracción empadronada por desobedecer la orden de un Inspector Fiscal que puede llegar a 85 mil o 28 mil pesos (1,5 o 0,5 UTM), dependiendo si se trata de un vehículo particular o de transporte público.

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