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Fiscalía mantiene 1.243 causas vigentes por delitos graves contra menores

Por más de dos años, personeros de distintas instituciones estatales como privadas participaron de un debate para dar forma a la nueva ley 20.056 que crea una sala especial para poder entrevistar por una única vez a los menores que han sido víctimas o testigos de delitos graves como los de carácter sexual o aquellos que atentaron contra sus vidas.

La idea es evitar la llamada victimización secundaria que supone el estar dando más de una declaración y ante personas que no necesariamente tienen la expertiz para tratarlos en estas circunstancias.

La implementación ingresó a una segunda etapa a nivel nacional que incluye a la Región de Ñuble, siendo la fecha de arranque este miércoles 3 de junio.

Sin embargo, la fundamentación de crear estas salas, que en promedio implican un costo que oscila entre los $8 y los $30 millones, se encuentra en las estadísticas policiales.

Según datos de la Policía de Investigaciones de Chillán, solo en la capital regional entre marzo del 2020 y marzo del 2021 ingresaron 542 denuncias por delitos graves en contra de menores, como violaciones (96), abusos sexuales (392), estupros (30) o producción de material infantil, utilizando a menores de edad (18), delitos que, precisamente conforman parte del abanico de ilícitos que conforman esta nueva ley de entrevistas videograbadas.

En tanto, a nivel regional, las distintas fiscalías de Ñuble mantiene vigente un total de 1.243 investigaciones por delitos graves, la mayoría de ellas concentradas en Chillán, con 732 causas. Y del total regional, este año han ingresado otros 293 casos hasta el 28 de mayo del 2021.

Segregando estas estadísticas por jurisdicciones judiciales en la región, se observa que en la Fiscalía de Bulnes las casos son 256, en la de Quirihue son 129, otros 121 en San Carlos y en la de Yungay hay 105 carpetas de investigación vigente.

Una enorme cifra negra

Por otra parte, es imposible desconocer que existe una cifra negra sobre estos delitos, considerando que son especialmente complejos de investigar ya que o los afectados temen a denunciar, les avergüenza o sencillamente ignoran que existe una autoridad superior a la de sus agresores en quien ampararse.

Es en este punto en que se destaca otra de las razones para generar estas salas de entrevistas. Por tratarse de delitos, generalmente sexuales, que se cometen en situación de clandestinidad e intramuros, las policías se encuentran generalmente investigando casos sin testigos e incluso sin evidencias físicas o biológicas (abusos sexuales), por lo que es en la declaración de los menores en donde se sostiene el éxito de las indagaciones.

Por tal razón, la ley contempla la participación de un único entrevistador capacitado para superar estas complejidades, y de un plan de evaluación preliminar que debe determinar si el menor a entrevistar está en condiciones físicas y sicológicas de prestar un testimonio real y concluyente.

De acuerdo a la comisaria Paulina Carrasco, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex), y una de las cuatro oficiales de la PDI que está acreditada para realizar este tipo de entrevistas en Ñuble, dentro de las complejidades que existen para avanzar en estas investigaciones están el poder generar un vínculo de confianza con las víctimas, que en no pocas ocasiones pueden ser niños que recién están aprendiendo a hablar.

La comisaria añade que también se debe lidiar con la vergüenza o el temor que sienten los menores al contar lo que les sucedió o delatar a alguien que es parte de su círculo afectivo.

Otro obstáculo es que “estos episodios, por lo general, se verbalizan harto tiempo después de ocurridos, entendiendo que, en su gran mayoría, se desarrollan al interior de la propia familia o en la esfera más cercana a esta y que, por otro lado, los agresores se han preocupado de forjar confianza en el resto de la familia y de no tener testigos presenciales que puedan derrocar su imagen intachable, correspondiendo al NNA romper el círculo del silencio o pacto que les ha generado este agresor, que muchas veces obtienen efectuando amenazas que mantienen conflictuado al NNA de sobre manera, ya que las amenazas se basan, principalmente, en provocar un daño a un familiar o señalándole a la víctima que, lo que ellos cuenten no se lo creerá nadie”, explicó.

Otro factor que esconde la realidad delictual que padecen los menores es la propia protección que la familia le brinda al agresor, muchas veces para evitar perder el sustento familiar, por vergüenza o sencillamente, porque se sienten capaces de resolver el problema por sí mismos.

Amoroso y protector

En la Brisexme explican que muchas veces se produce este “blindaje”, debido a que frente a los demás miembros de la familia, el agresor mantiene un buen comportamiento, es amoroso, muchas veces proveedor y protector.

“Muchas veces se ha preocupado de no levantar sospechas, de mantener conductas inadecuadas con la víctima, efectuando acciones positivas que lo respalden y que sean observadas por los demás miembros, preocupándose también de no tener testigos presenciales de los delitos cometidos y restándole credibilidad a las acciones de la víctima manifestando sus defectos mucho más que sus virtudes”, detalla Paulina Carrasco.

Otro factor que advierten en la PDI es el que en muchas ocasiones los familiares no les dan crédito a los menores, postulando incluso que hacen ese tipo de acusaciones para llamar la atención.

Finalmente, aunque no hay una estadística exacta en este sentido, se podría señalar que en la praxis se logra visualizar que el portaje de agresoras es mucho menor que el de agresores, más aun considerando que el delito de violación solo puede ser ejercido por varones, disminuyendo considerablemente el porcentaje de participación femenina en la calidad de agresores.

Adaptarse al niño

Pablo Durán, jefe de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Regional de Ñuble, estuvo realizando varias reuniones virtuales con integrantes de la prensa en las semanas previas a la aplicación de la nueva ley de entrevistas videograbadas en Ñuble.

Esto porque, en adelante, la información que se entregue a los medios respecto a este tipo de casos deberá pasar por una serie de filtros que eviten que se expongan públicamente los nombres, direcciones, o cualquier dato que pueda exponer su identidad a la opinión pública.

Esto significa incluso que haya ciertos cambios sustanciales en la manera que incluso los intervinientes y personal policial tendrán acceso a las grabaciones de esas entrevistas.

Además, solo los intervinientes tendrán copias de estos videos, con la imagen difuminada del rostro de la víctima y con el audio borrado en los instantes en que se mencionen sus nombres. Además, cada copia se entregará con un sello de agua con el nombre del interviniente que requirió la copia, para así evitar que estas se filtren.

En caso de que algún interviniente o ente investigador requiera ver las imágenes sin editar, solo podrán hacerlo en las dependencias señaladas, ingresando a la sala sin cámaras ni teléfonos celulares.

“Lo que se busca es que el Estado, lo que implica Fiscalía, Poder Judicial y las Policías,  se adecuen al niño, y no que el niño se tenga que adecuar al sistema, como ha sido históricamente hasta ahora”, explicó Durán.

La ley no abarca todos los hechos que pudieron haber afectado al grupo denominado NNA (niños, niñas y adolescentes), sino que está circunscrita a ciertos delitos de especial gravedad (determinada por la pena asociada al delito) y aquellas investigaciones en las que el testimonio del NNA es fundamental, es la prueba que impulsa el resto del proceso.

“La ley entonces, a los delitos de carácter sexual, como violaciones, abusos sexuales, estupro, producción de material pornográfico infantil y otros delitos de particular gravedad como la trata de personas, incluyendo la explotación laboral, el tráfico de migrantes, asociado al ingreso irregular al país por sus límites fronterizos y otros delitos graves como los homicidios, los parricidios, los robos con homicidio y los robos con violación”, detalló.

Para Ñuble se dispusieron ocho salas de entrevistas videograbadas. De ellas hay dos en dependencias del Ministerio Público (Chillán y Quirihue), y las otras se encuentran en los tribunales Garantía de Quirihue, San Carlos, Bulnes, Yungay, más otra en el edificio que comparten el Juzgado de Garantía de Chillán y el Tribunal Oral en lo Penal.

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