La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público los antecedentes de millonarios contratos con sobreprecio que involucran recursos del Fondo de Desarrollo Regional y que fueron adjudicados durante la gestión de Felipe Guevara como intendente de la Región Metropolitana en 2021, tras una denuncia realizada por el actual gobernador, Claudio Orrego.
Según dio a conocer radio Cooperativa, tras asumir en el cargo a finales de 2021, la autoridad recurrió a la entidad por una serie de cobros excesivos en tres programas que contemplaban clases de zumba, spinning y entrenamiento, por más de 500 millones de pesos.
Corresponden a organizaciones distintas, pero que “son casi la misma familia”, deploró Orrego en diciembre de 2021, apuntando a montos “desproporcionados y vergonzosos”.
Dos años después, por medio del informe final N°471 del pasado 13 de enero, la Contraloría indicó que “en el caso de los proyectos de asignación directa correspondientes a ‘Masivo de Spinning Regional’ y ‘Masivo de Entrenamiento Funcional’, existen dos carpetas distintas para cada uno de ellos, que contienen diferente documentación de postulación, tales como el Anexo N° 5, Ficha de Postulación y su respectiva documentación de respaldo”.
“Se tuvieron a la vista cotizaciones de la empresa Inversiones Merken SpA, las que fueron confirmadas a esta Entidad de Control, las cuales se refieren, en lo principal, a la valorización de la misma cantidad de actividades, beneficiarios y servicios contempladas en los proyectos aprobados por el GORE RM, denominados Masivos de Zumba y Masivos de Spinning Regional, por las sumas de $ 94.010.000 y $ 113.150.000, IVA incluido, lo que representa valores inferiores a los presupuestos adjudicados en $ 106.537.872 y $ 36.870.000, respectivamente”, concluyó el organismo, según consigna el diario La Tercera.
Rendiciones pendientes
Igualmente, el reporte señaló que se verificó la existencia de transferencias efectuadas a entidades con rendiciones pendientes de proyectos de años anteriores.
“En efecto, 7 de las 13 instituciones ejecutoras de los proyectos en revisión tenían gastos pendientes de rendir, correspondiente a iniciativas adjudicadas en los años 2019 y/o 2020, esto es, anteriores a la fecha del acto administrativo que aprobó los convenios de transferencia del año 2021, por un total de $ 246.520.895, vulnera lo señalado en el artículo 18, de la resolución N° 30 de Contraloría General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas”, detalló el documento.
Por otro lado, el reporte advirtió que no hubo detalles de los expedientes de rendición de cinco proyectos de asignación directa y cuyo monto total de transferencia asciende a 680.579.508 pesos, “lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 4° de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República”.
