Luego de que las partes rechazaran llegar a un acuerdo, ayer finalizaron los alegatos de la demanda por daño ambiental en el componente humano interpuesta en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia por los vecinos desalojados en noviembre del año pasado para iniciar las obras del Embalse Punilla. La demanda fue presentada contra la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A., de la empresa Astaldi y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El martes, los ministros escucharon a los testigos y ayer los abogados presentaron los alegatos finales. El presidente del Tribunal, Ivan Hunter, explicó que los demandantes “han solicitado que el Tribunal determine a través de un equipo externo que se realice un nuevo plan de compensación del Programa de Desarrollo Social (PDS). En segundo lugar, han pedido una compensación económica por los daños materiales y morales sufridos con ocasión del desalojo relacionado en los predios y en tercer lugar que se dispongan distintos tipos de medidas de acuerdo a los antecedentes del proceso”.
Y concluyó que “hemos procedido a revisar la evidencia. Hemos escuchado testigos. Tras los alegatos de clausura, el Tribunal ha procedido a deliberar y a llegar un acuerdo, en este minuto nos encontramos en periodo de redacción de sentencia”.
Medida cautelar
Desde diciembre del año pasado el Tercer Tribunal Ambiental acogió la solicitud de la defensa de los vecinos y decretó medidas cautelares que suspendieron los desalojos, y que hasta ahora, han paralizado las obras del proyecto.
En la audiencia, los ministros revisaron la medida. Los demandantes pidieron mantenerla. “No tenemos la voluntad de detener la construcción de la obra, las circunstancias han obligado a los vecinos a mantenerse en la zona. Algunos siguen viviendo en el lugar y nosotros creemos que si esta medida se alza se va a agravar el daño ambiental. También le pido al Tribunal si pudiese hacer una visita para que constaten las condiciones en que están viviendo”, recalcó en la audiencia el abogado de los vecinos, Ledislao Quevedo. También ingresaron una solicitud formal para que se concrete la visita.
En tanto, el abogado del Fisco, Mauricio Flores, solicitó levantar la cautelar. “La medida afecta el desarrollo de la obra completamente, entrabando y dilatando de manera innecesaria. La forma en que está redactada la cautelar, da para que cualquier actividad que se realice sea un desacato a la medida”, planteó.
El Tribunal analizará los antecedentes y resolverá si mantiene, modifica o levanta la cautelar.
