El Presidente Sebastián Piñera y su familia habría realizado la compraventa del controvertido proyecto minero Dominga a su amigo de años, el empresario Carlos Alberto Délano, según reveló este domingo la investigación que surgió de los denominados “Pandora Papers”.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), desarrollada en Chile por Ciper y LaBot, resalta que el Mandatario y su familia fueron en el pasado los mayores accionistas del proyecto minero con el 33 por ciento de sus acciones, las que sumadas a las de Délano tenían el dominio del 56 por ciento de la iniciativa que pretende instalarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
En diciembre de 2010, el fundador de la empresa Penta compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios de Dominga. Según la investigación periodística, la operación se concretó con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.
Ambos medios detallan que el pago se efectuaría en tres cuotas. La primera vencía el 10 de diciembre de ese año por 106,8 millones de dólares, la segunda se debía pagar 21 millones de dólares el 18 de enero.
La tercera y última cuota por 9,9 millones de dólares sería pagada a más tardar el 31 de diciembre de 2011. “Sin embargo, -explica la investigación- ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero”.
En concreto, “el pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto Dominga en esa área, así como la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia”.
De esa forma, la transacción final dependía directamente de las decisiones que tomara el primer Gobierno de Sebastián Piñera. En esa época, el Mandatario sorprendió al anunciar que se suspendería la construcción de Barrancones, como así pedían los defensores medioambientales.
En esa oportunidad, Piñera anunciaba a Chile que “he acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza”.
Barrancones funcionaría en la misma zona que lo planea hacer Dominga.
Cuando se descubrió que la familia de Piñera estaba detrás del proyecto minero, los diputados realizaron una comisión investigadora que concluyó que era posible, al menos, presumir que Piñera “buscó beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”.
Este caso terminó en los tribunales con Sebastián Piñera sobreseído.
“Entre los datos que logró reunir la comisión investigadora no hay nada concluyente respecto a intenciones, pero lo que sí es claro a partir de los nuevos antecedentes contenidos en Pandora Papers es que en el momento en que Piñera bajó Barrancones, los inversionistas de Minería Activa Uno Spa ya habían empezado a armar el esquema que les permitiría cobrar caro por su salida de Dominga”, dice el reportaje de Ciper y LaBot.
En su declaración judicial, Piñera aseguró que nunca supo de la inversión realizada en el proyecto Dominga hasta después de terminar su primer mandato, en 2014.
Pandora papers
La nueva investigación periodística reveló también que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.
Entre otros, el rey Abdalá II de Jordania gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares, mientras que líderes de República Checa, Kenia y Ecuador ocultaron a las autoridades propiedades y dinero en efectivo, según publicó The Washington Post.
El ICIJ, con sede en Washington y famoso por los llamados “papeles de Panamá”, asegura que en la nueva investigación han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.
