Convencionales de la comisión Forma de Estado y Descentralización -entre ellos, el representante de Ñuble, César Uribe- presentaron una nueva iniciativa de norma constitucional que establece las competencias de las Regiones Autónomas y las Autoridades Regionales, la cual viene a complementar la propuesta de un Estado Regional.
Esta define una organización político-administrativa y financiera de la región autónoma, en función de la responsabilidad y eficiencia económica, con arreglo a la Constitución y las leyes. Establece, a su vez, diversas facultades como crear, modificar y suprimir contribuciones especiales y tasas, o beneficios tributarios respecto de estas, dentro de su territorio, además de la conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza en cada territorio.
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También propone que cada región autónoma esté compuesta por la siguiente organización institucional: un Gobierno Regional, una Asamblea Legislativa Regional (elegida por votación popular y de manera paritaria) y una Asamblea Social Regional.
Según el convencional César Uribe, “el gobernador será el representante político, mientras que la Asamblea Legislativa tendrá la responsabilidad de definir las políticas públicas, estatutos y normas regionales, como por ejemplo, aumentar los impuestos al alcohol como una medida para disminuir el consumo, o definir nuevas zonas de protección. Es un símil al Consejo Regional, pero con más atribuciones, como establecer normativas específicas para la región que no pueden ser contradictorias con la Constitución y las leyes nacionales”, afirmó.
Se establece, además, una Asamblea Social Regional, órgano de participación popular y ciudadana en materias de control democrático y fiscalización de la función pública, el cual estará integrado por organizaciones de la sociedad civil, bajo principios de paridad y plurinacionalidad.
“Esto es algo que puede tardar años y no todas las regiones decidirán ser autónomas. Mientras se instala el nuevo sistema, en el caso español fue el Tribunal constitucional el que dirimió ante problemas de competencia entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional, y así se fue generando jurisprudencia”, sostuvo Uribe.
Mirada académica
Alfonso Henríquez, abogado y académico de la Universidad de Concepción, sostuvo que la propuesta de Estado Regional es “interesante”. Existen buenas razones tanto para avanzar en descentralización política como fiscal. Esto podría ayudar a disminuir las diferencias que existen hoy en cuanto a desarrollo de las regiones, ya que se favorecería la adopción de políticas mejor informadas y adaptadas a las necesidades de cada territorio. Al contar con más recursos e información, la descentralización favorecería el encadenamiento productivo y la diversificación de la matriz económica, promoviéndose la competencia por los recursos fiscales entre las distintas regiones, mejorando así la eficiencia en el uso de los fondos”, dijo.
Otro punto que destacó Henríquez fue que “al acortar las distancias entre los gobiernos y los ciudadanos, se estimularía la participación y mejoraría la rendición de cuentas, aspectos que siempre están al debe en nuestro país. La descentralización también podría fomentar la disciplina fiscal de los gobiernos”, manifestó, recalcando que esta propuesta recoge un sentir relevante para las regiones, “como es el reclamo permanente por más autonomía política, administrativa, legal e incluso fiscal, por lo que espero, tenga buena recepción por parte de los convencionales”.
Jeanne Simon, politóloga y también académica de la U. de Concepción, resaltó la inspiración de la propuesta en la Constitución española de 1978.
“Aunque la Constitución española no habla de un Estado Regional, sí construye uno, de acuerdo al análisis político constitucional internacional. ¿Y qué es un Estado Regional? Es parecido al federalismo, pero con una limitación de ciertos poderes. En el caso de Chile, nos permitiría reconocer la necesidad de construir desde abajo, desde los territorios, y eso es muy importante”, aseveró.
La propuesta de Estado Regional y las respectivas competencias que se plantean, deberán ser debatidas en la comisión de Forma de Estado, para luego pasar al pleno. Para ser aprobada, requerirá de los 2/3 de los constituyentes, es decir, 103 votos.
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