Debemos lamentar seis muertos en tres accidentes de tránsito, ocurridos durante la jornada de ayer. Los trágicos episodios ocurrieron en el sector de Tres Esquinas de Cato, donde un vehículo volcó, falleciendo su conductor; en la entrada norte de Chillán, donde un jeep se estrelló contra uno de los pilares del baipás y en San Carlos, en el sector de la curva Gaona, donde cuatro personas murieron tras el volcamiento del automóvil en que viajaban.
Es muy triste comprobar que el exceso de velocidad se repite en al menos dos de estas tragedias y que estas muertes inútiles, ocurridas en hechos que probablemente ni siquiera deberían ser llamados “accidentes”, pasarán a engrosar las negras cifras de la Región, que en 2019 registró 80 muertos en accidentes de tránsito, el peor balance en 15 años.
Pero también están los otros datos, a los cuales es más difícil seguirles el rastro desde los medios de comunicación: los heridos de gravedad, que muchas veces mueren a los pocos días del accidente y cuyo deceso no es registrado como víctima de la inseguridad vial; las personas que salvan su vida pero que quedan con alguna discapacidad permanente y hasta llegan a perder sus empleos, y los que experimentan los trastornos psíquicos propios de un choque traumático.
Según estudios de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, por cada muerte en un accidente, hay 3 personas que sufren alguna discapacidad permanente y 75, alguna discapacidad temporal. Las lesiones leves, a los fines del registro oficial, incluyen las que necesitaron tratamiento ambulatorio; en cambio, las lesiones graves incluyen hospitalización con seguimiento de observación, suturas, uso de yesos u ortopedia, y todo otro tipo de asistencia de alta complejidad. En cualquiera de estos casos, las secuelas no sólo son físicas, sino también psicológicas y emocionales, tanto para las víctimas como para sus familiares directos.
Nadie podría discutir la gravedad de la situación, lo mismo que nadie tampoco podría discutir que se puede y se debe hacer mucho más en materia de prevención. Es cierto que se han adoptado algunas iniciativas, pero no las suficientes. Sse ha avanzado en el uso de las tecnologías disponibles para un control efectivo del exceso de velocidad en calles y carreteras. Asimismo, Carabineros ha aumentado los dispositivos para el control del consumo del alcohol y drogas, con positivos resultados. En un rango intermedio se hallan situaciones que se encuentran normadas, pero donde la fiscalización es débil y el cumplimiento irregular. Allí se inscriben el uso del cinturón de seguridad, la incorporación de material reflectante en todos los uniformes escolares, para así hacer más visibles a los estudiantes cuando circulan como peatones en las vías y las condiciones de descanso que deben respetarse en el caso de los choferes de buses interurbanos y vehículos pesados.
Pero como hay certeza de los avances, también hay claridad respecto de las medidas que faltan, partiendo por la falta de educación de tránsito y la irresponsabilidad y la agresividad frente al volante, temas sobre los que se habla mucho, pero se hace poco. De hecho, no hay día en Ñuble que no transcurra sin los mal llamados “accidentes viales”, pues algo evitable no es un accidente. Por este motivo, la concientización y el trabajo de prevención son herramientas valiosas para reducir las abultadas y dramáticas estadísticas que estamos construyendo.
