La izquierda gobernante en Bolivia dio el jueves los primeros pasos para aprobar una ley que fija un impuesto a las “fortunas”, pero la oposición advirtió que va a desincentivar las inversiones necesarias para reactivar la economía.
La Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, aprobó la iniciativa este jueves y la derivó al Senado para su ratificación. Como el gobierno izquierdista de Luis Arce es su promotor, es un hecho que tendrá luz verde y será ley.
“Son pasivos de este impuesto las personas naturales residentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, con fortuna situada en el territorio nacional y/o en el exterior”, dice la norma aprobada por los diputados.
Las personas residentes en Bolivia deberán hacer una declaración de sus bienes, depósitos y valores que tengan en el extranjero, bajo pena de sanción económica.
El diputado Omar Yujira, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla ambas cámaras del Congreso, explicó que el nuevo tributo alcanzará a 150 ciudadanos bolivianos que cuentan con fortunas por encima de los 4,3 millones de dólares.
La Ley establece porcentajes graduales para el pago de la alícuota: 1,4% para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares); 1,9% de 40 millones a 50 millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4% para fortunas mayores.
“Saludamos los proyectos”
La cámara baja también aprobó una ley para la devolución de 5% de todas las compras facturadas a personas con ingresos menores a 9.000 bolivianos mensuales (unos 1.293 dólares).
El presidente Arce, quien asumió el poder hace un mes tras ganar los comicios como delfín del exmmandatario Evo Morales (2006-2019), destacó en Twitter las dos iniciativas de ley.
“Saludamos que la Cámara de Diputados haya aprobado dos importantes proyectos de ley dirigidos a reactivar la economía, como son el reintegro del RE-IVA a los trabajadores que perciban un salario mensual igual o menor a Bs 9.000, y el del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF)”, dijo.
El gobierno estima que va recaudar con el nuevo impuesto unos 105 millones de bolivianos anuales (15 millones de dólares).
“Medida ideológica”
La senadora opositora Centra Rek, del partido de derecha Creemos, cuestionó la nueva norma, pues afirmó perjudica a las personas que generan empleos y riquezas en el país.
“Es evidente que la creación de este impuesto implica un posicionamiento de carácter ideológico-político, más que de captación de recursos”, dijo la legisladora, del partido del excandidato presidencial Luis Fernando Camacho, el líder de las protestas que condujeron a la renuncia de Morales en noviembre de 2019.
“El impuesto a la riqueza está destinado a castigar a la persona que invirtió en el país y en el aparato productivo o en empresas de servicios”, acotó.
El economista Gary Rodríguez, gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior, dijo esta semana a la AFP que el nuevo impuesto “es una señal que preocupa a los inversionistas locales y extranjeros”.
Sugirió que en lugar de aprobar normas de ese tipo, el gobierno debería convocar a los empresarios para definir una agenda de reactivación ante la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus.
El mismo mandatario Arce pintó a principios de semana un panorama desolador de la economía.
“Enfrentamos un déficit fiscal muy profundo, ni siquiera visto en tiempos de hiperinflación en los años 80”, afirmó el gobernante, aludiendo al dramático periodo de 11.000% de inflación anual.
El Ministerio de Economía y el Banco Central consensuaron el lunes un Programa Financiero y ajustaron las previsiones macroeconómicas para 2020 a una contracción del PIB de 8,4%, un déficit de las finanzas públicas de 12,3% del PIB y una inflación de 1,1%.
